El gobernador Alejandro Armenta señaló que detrás de la protesta de maestros de la sección 51 del SNTE existen intereses e irregularidades heredadas dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los maestros que mantuvieron bloqueada la Recta a Cholula durante la mañana de este jueves 13 de noviembre retiraron el cierre tras iniciar diálogo con el gobierno estatal.
La protesta generó caos vial y paralizó la circulación rumbo a la ciudad de Puebla.
El bloqueo inició en el acceso principal de la vialidad, a unos metros de la Oficialía Mayor de la SEP, donde los docentes exigían la liberación de plazas de tiempo completo y plazas tipo C.
La manifestación se replicó afuera de las oficinas centrales de la dependencia en la colonia Nueva Aurora, aunque la concentración más numerosa se mantuvo sobre la Recta.
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Los inconformes denunciaron que no se han resuelto los concursos de plazas de nivel medio superior cuyos resultados llevan dos meses pendientes.
El cierre provocó afectaciones mayores, incluido el paro de actividades en normales como el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), pues los maestros más afectados son quienes laboran en instituciones de formación docente.
“Es nuestro derecho tener tiempo completo”, fue una de las consignas reiteradas durante el bloqueo, al que se sumaron más maestros conforme avanzó la mañana.
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Maestros reabren Recta a Cholula: gobernador ve intereses que dejó anterior administración en SEP
Frente a este escenario, Armenta Mier aseguró que su gobierno enfrenta los problemas con “prudencia y respeto”, pero dejó claro que el origen del conflicto está relacionado con decisiones y omisiones arrastradas de la administración anterior.
Señaló que muchas de las irregularidades provienen de la gestión del exsecretario de Educación durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes.
“Nos dejaron herencias de actos irregulares y con prudencia se están atendiendo, se están conciliando; nuestro gobierno no endosa ni omite”, afirmó.
El mandatario insistió en que los procesos judiciales y administrativos derivados de esos actos deben cumplirse, y que su administración tiene la responsabilidad de resolver, no de “patear el bote jurídico”.
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Aunque evitó profundizar en los detalles de las irregularidades, Armenta reiteró que su gobierno no actuará con revancha ni persecución, pero tampoco encubrirá malas prácticas.
Subrayó que la prioridad es garantizar que los conflictos laborales no deriven en afectaciones sociales como las registradas en la Recta a Cholula.
