En mayo de 2026, el gobierno de Alejandro Armenta presentará una iniciativa denominada ‘Ley Antimilpa’, cuyo objetivo será frenar la corrupción entre funcionarios públicos y empresarios.
La propuesta va, sobre todo, en que procesos de asignación de contratos y licitaciones en el estado de Puebla sean transparentes.
Además, contempla que las empresas beneficiadas con adjudicaciones directas o concursos públicos asuman compromisos de responsabilidad social, como el mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes, infraestructura urbana o zonas de recreación, como una forma de retribución a la sociedad.
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De acuerdo con el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, la iniciativa busca establecer un nuevo modelo de relación entre el sector público y la iniciativa privada, basado en la transparencia y en la corresponsabilidad social.
“El objetivo es que las empresas beneficiadas puedan invertir en temas específicos de orden público, sin que esto implique condicionamientos ni beneficios indebidos”, explicó el funcionario estatal.
García Parra detalló que el proyecto aún se encuentra en fase de elaboración, por lo que en los próximos meses continuará su análisis técnico y jurídico antes de que se presente formalmente ante el Congreso del Estado para su discusión.
‘Ley Antimilpa’ en Puebla contra dádivas y corrupción
El coordinador de Gabinete explicó que la denominada ‘Ley Antimilpa’ busca cerrar la puerta a prácticas irregulares que históricamente han acompañado a la obra pública, como el tráfico de influencias, la asignación discrecional de contratos y el intercambio de favores entre servidores públicos y empresarios.
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La iniciativa pretende establecer reglas claras de actuación tanto para autoridades como para particulares, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y garantizar que los recursos públicos se utilicen con criterios de legalidad y eficiencia.
“Primero vamos a evitar que haya funcionarios que se corrompan y, segundo, que existan empresarios que pretendan obtener beneficios a través de dádivas o favores”, sentenció García Parra.
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El funcionario subrayó que la intención no es frenar la inversión privada, sino ordenar su participación en proyectos públicos bajo esquemas de transparencia, rendición de cuentas y beneficio social.
