Pese a las denuncias realizadas por alumnas y expuestas tanto en mesas de diálogo como durante el paro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2025, la abogacía general abrió 120 investigaciones administrativas por acoso, todas ellas contra estudiantes.
Este jueves 29 de enero votarán en el Consejo Universitario el informe de actividades de la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, documento al que MTP Noticias tuvo acceso de manera exclusiva y que concentra las cifras oficiales sobre los procedimientos administrativos y penales abiertos dentro de la institución.
El informe consta de 12 apartados, entre los que destacan temas relacionados con la facilitación de trámites migratorios, el Hospital Universitario, el área penal, propiedad intelectual, transparencia, asuntos laborales y de seguridad social, así como la atención de conflictos internos dentro de la comunidad universitaria.
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De acuerdo con la información contenida en el documento, la máxima casa de estudios de Puebla mantiene abiertas 544 carpetas de tipo penal contra estudiantes.
Estas investigaciones incluyen faltas que van desde violaciones a la legislación universitaria y al respeto entre integrantes de la comunidad, hasta consumo de estupefacientes dentro de las instalaciones, actos de discriminación y diversas expresiones de violencia.
El mayor número de denuncias se concentra precisamente en este último rubro. En total, se iniciaron 241 investigaciones por conductas de discriminación y violencia, en las que se identificaron 339 probables responsables —presuntamente estudiantes— y 330 víctimas, de acuerdo con el reporte oficial.
Como resultado de estos procesos administrativos, la Abogacía General emitió 150 amonestaciones verbales, 90 amonestaciones por escrito, 35 suspensiones temporales y cinco expulsiones definitivas. En conjunto, 280 estudiantes recibieron algún tipo de notificación o sanción derivada de estos expedientes.
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Son 120 estudiantes de la BUAP los investigados por acoso en 2025; no hay docentes
De las 241 carpetas relacionadas con discriminación y violencia, 120 corresponden específicamente a casos de acoso. Todas estas investigaciones están dirigidas contra estudiantes, según se establece de manera explícita en el informe que será presentado este jueves ante el Consejo Universitario.
La información proporcionada por la abogacía General no reporta investigaciones en curso contra docentes por acoso, pese a las múltiples denuncias públicas que alumnas han realizado a través de redes sociales, dentro de las instalaciones universitarias y durante el paro estudiantil registrado en 2025.
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Este punto contrasta con las exigencias planteadas por colectivos estudiantiles durante las mesas de diálogo, en las que se solicitó la revisión de casos que involucran a personal académico y administrativo, así como la implementación de mecanismos más eficaces para la atención de denuncias.
El nivel de desglose del informe indica que, dentro del mismo rubro de discriminación y violencia, 90 carpetas están clasificadas como “otros actos de violencia”, una categoría que no permite dimensionar con claridad la naturaleza de los hechos investigados ni el contexto en el que ocurrieron.
Además, se contabilizaron 12 investigaciones por bullying, nueve por discriminación, cinco por daños a la moral, dos por agresiones físicas, dos por amenazas y una más por hostigamiento, todas ellas tramitadas como procedimientos administrativos internos.
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Investigaciones por violar la legislación universitaria
El informe también detalla la existencia de 154 investigaciones contra estudiantes por violaciones a la legislación universitaria y al respeto entre miembros de la comunidad, las cuales se tramitan de manera paralela a los casos de discriminación y violencia.
De estas carpetas, 28 corresponden a alteración de documentos; 24 a amenazas; 22 a daños a la propiedad; 22 a robo; 18 a faltas de respeto; 11 a agresiones; siete a actos contra la moral; seis a lesiones; cuatro a intento de robo; tres a suplantación de identidad y dos a portación de objetos prohibidos.
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Asimismo, se reporta una investigación por llamadas de extorsión, una como medida de seguridad y otra más por difusión indebida de material académico, entre otros señalamientos, lo que refleja la diversidad de conductas que la universidad investiga mediante sus mecanismos internos.
El informe será sometido a votación este jueves en el Consejo Universitario, órgano que evaluará el desempeño de la Abogacía General y el manejo institucional de las denuncias presentadas durante el último año.
