Empresarios y rectores de universidades en Puebla presentaron la propuesta ‘la ruta de la paz’, que plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, además de un centro de datos para medir la incidencia delictiva, para frenar la inseguridad, tras el reciente asesinato del empresario Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London.
En rueda de prensa este cuatro de septiembre, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Puebla, reconocieron que hay diálogo de parte de la administración de Alejandro Armenta.
Sin embargo, expusieron que son necesarias acciones concretas para combatir la inseguridad en el estado.
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Beatriz Camacho, presidenta de la Coparmex, refirió que su llamado “no es poner el dedo en la llaga” más bien “aprovechar que nos abrieron la puerta”.
Apenas este miércoles tres de septiembre, la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, expuso avances en el homicidio del duelo de Joyerías London en la ciudad de Puebla, pues cuatro delincuentes le quitaron la vida.
A uno de los responsables lo identificaron como narcomenudista pero hasta ahora no se reportan detenciones por este caso.
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Crear un Consejo Ciudadano de Seguridad: acciones sin polarización, proponen
“Si nos volvemos parte de la confrontación de la polarización no vamos a llegar a ningún lado”, expresó Beatriz Camacho, quien refirió que el llamado en el que están sumados los recortes de universidades como la UPAEP es para que el Gobierno del Estado pueda actuar contra los generadores de violencia.
Por ello, se emitió la propuesta de un Consejo Ciudadano de Seguridad en el que este órgano también aporte información y soluciones desde la perspectiva ciudadana para combatir la inseguridad.
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Esta propuesta la enviarán formalmente al gobierno estatal cuando haya un próximo acercamiento con las autoridades.
Recalcó que no es “hacer guerra” contra la administración estatal, sino hacer un llamado a que no sigan sucediendo ese tipo de crímenes.
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Se hizo un llamado específico a la Fiscalía General del Estado para que acelere las indagaciones y también para que en el Poder Judicial, se actúe con todo el peso de la ley contra los delincuentes y no sean reincidentes.
