El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por José (Pepe) Chedraui, mantiene pendientes 388 laudos laborales heredados de administraciones anteriores y enfrenta además seis mil juicios activos, entre demandas promovidas por la propia autoridad y procesos iniciados por particulares.
Pese a la carga acumulada, las autoridades municipales aseguran que esta situación no representa riesgo para la estabilidad financiera o administrativa del gobierno capitalino.
En entrevista con MTP Noticias, la síndica municipal Mónica Silva, explicó que una parte considerable de estos juicios deriva de daños al patrimonio público.
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Entre los casos más comunes mencionó la destrucción de bolardos, postes de luz u otro tipo de infraestructura municipal por parte de diversos ciudadanos.
Aclaró que, aunque el número de procedimientos es elevado, todos se encuentran en atención y seguimiento conforme a derecho.
Silva subrayó que la existencia de miles de litigios no genera inestabilidad dentro de la administración municipal.
Explicó que su área no tiene rezago en la atención jurídica y que cada caso se analiza de manera puntual para evitar abusos o decisiones que puedan perjudicar al Ayuntamiento de Puebla.
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Sostuvo que la prioridad es actuar en apego a la ley sin permitir que procesos heredados se conviertan en cargas injustificadas para el gobierno actual.
Ayuntamiento de Puebla, con 388 laudos laborales
Sobre los 388 laudos laborales activos, la síndica señaló que no se cuenta con un monto definitivo del impacto económico, debido a que cada procedimiento tiene características propias y los montos reclamados varían según los trabajadores demandantes.
Aun así, enfatizó que la Comuna está obligada a dar seguimiento y cumplir con las resoluciones que así lo determinen los tribunales.
Una situación similar enfrenta el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, que acumula pagos por laudos que representan alrededor de mil millones de pesos.
Según informó el coordinador estatal del Gabinete, José Luis García, hasta el momento se han erogado 110 millones de pesos para cumplir con sentencias desfavorables.
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La mayoría de estas demandas se originaron en el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, y aunque han pasado casi diez años, continúan generando compromisos financieros que obligan a la autoridad a pagar o reinstalar a los trabajadores según lo dictado por los tribunales.
