La nueva Universidad de las Ciencias Policiales y la Seguridad (Ucips) capacitará y certificará a las empresas de seguridad privada en Puebla, según la propuesta del gobernador Alejandro Armenta.
El jefe del Ejecutivo envió al Congreso del Estado una reforma para modificar la Ley de Seguridad Privada, lo que le dará más facultades a la universidad recién creada.
La Ucips que dirige Silvia Victoria Serrano Zafra, se encargará de evaluar que el personal operativo de las empresas de seguridad privada esté capacitado por ellos o por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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Es decir, los trabajadores tendrán que ser profesionales y capacitados, a diferencia de los ya conocidos “cadeneros” que han protagonizado peleas en diferentes negocios de Puebla.
El artículo 26 señala que deberán contar con una constancia expedida por la universidad, la cual acreditará contar con los conocimientos profesionales y técnicos para el desempeño de sus funciones.
A diferencia del modo en que operan actualmente, el personal de estas empresas tendrá que cumplir con los controles de evaluación y confianza para laborar. Ya sean guardias, directivos o administrativos.
Dichas evaluaciones las hará la SSP o la Universidad de las Ciencias Policiales.
En caso de que los agentes no aprueben, en un máximo de tres días los darán de baja de las empresas.

Trabajadores de seguridad privada deben capacitarse en Universidad de Ciencias Policiales
Otro cambio es que, de manera obligatoria, el personal que se dedique al transporte de valores, bienes o cualquier modalidad que requiera el uso de armas de fuego, también deberán contar con su certificado expedido por la institución.
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Tendrán que contar con la capacitación en adiestramiento, manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.
Todas las empresas estarán obligadas a entregar un informe mensual con su plantilla actualizada.
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Las empresas que no acaten estas nuevas reglas, se ganarán una multa de 500 a cinco mil veces el valor de la UMA, que equivale a 56 mil 570 o 565 mil 700 pesos.
En caso de que no cumplan con los controles de evaluación y confianza para su personal, se les revocará la autorización para funcionar en el estado.





