La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sumó nueve de los once votos de los ministros para anular la totalidad de la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, por considerar que sí existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.
Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, presentó su proyecto en el que argumentó que en la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.
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Esto es, que el Congreso se “saltó” un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática.
“Estoy con el sentido del proyecto”, anunció la ministra Margarita Ríos Farjat, al abrir la ronda de discusión del Pleno.
Tras la presentación del proyecto, la ministra Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del mismo, al destacar que “esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
“Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, acotó.
Enseguida, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca razonó: “Coincido con la propuesta”, dado que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales.
Aclaró que en la Corte “estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo”.
El ministro Luis María Aguilar Morales, también se pronunció por la invalidez del llamado “Plan B”, porque se actualizan diversas violaciones al proceso legislativo al vulnerar los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso.
“Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque se cuentan acreditadas múltiples irregularidades al procedimiento legislativo”, anotó.
El ministro Arturo Zaldívar reconoció que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera terminante la deliberación de las normas que se están presentando.
“En el caso concreto que estamos analizando me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron gravemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, argumentó.
Su par, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del sentido del proyecto, decir, por la propuesta de invalidez.
Aclaró que “no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce”, por lo que es evidente de que los legisladores no tuvieron tiempo para familiarizarse con la misma, ni menos aún para formarse una opinión informada que les permita participar en la deliberación parlamentaria.
“En consecuencia, al encontrar que en el procedimiento legislativo se constataron dos vicios con un efecto invalidante, mi voto será por la propuesta de invalidez”, expuso.
El ministro Jorge Pardo coincidió que los legisladores no conocían lo que se estaba sometiendo a votación: “Comparto el sentido del proyecto, separándome de consideraciones”.
“Comparto el sentido del proyecto y me aparto de sus consideraciones”, expresó durante la sesión pública.
Adicionalmente, el ministro Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta Norma Piña también se sumaron al proyecto.
El ministro Javier Láynez Potisek dijo que es un derecho de los parlamentarios conocer qué están votando y poder expresar su opinión. En tal sentido, manifestó “estoy a favor del proyecto”.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña destacó “estoy con el sentido del proyecto”. Destacó que nuestro país es una democracia constitucional y uno de sus principios fundamentales es que las decisiones se tomen mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.
En contra del mismo, sólo se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Tras la argumentación de los votos, se procedió a dar votación con lo que se confirmó nueve votos a favor del proyecto; con ello, se invalidan, entre otras, las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social que entraron en vigor el 28 de diciembre que buscaban modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, en el sentido de poder difundir propaganda y hacer política, con miras a las elecciones de 2024 .
¿Qué expone el proyecto a debate?
En lo expuesto en el proyecto, Pérez Dayán expone que el Congreso se “saltó” un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática.
Y es que Morena y sus aliados en el Congreso PT y Partido Verde aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que, se analiza en el proyecto del ministro, violó los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, indica el proyecto de Pérez Dayán.
La discusión del proyecto se da luego de la respuesta de la Corte a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el sentido de que no es factible atender su solicitud, respecto de resolver las impugnaciones presentadas en 2018 contra de la Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral aprobado en 2022.
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Crédito: Expansión