De aprobarse en México la eliminación de la prisión preventiva oficiosa un total de 67 mil 877 presuntos delincuentes en todo el país quedarían en libertad, y Puebla es el quinto estado con mayor número de personas en esa situación jurídica, con tres mil 44 de ellas.
Y es que durante la conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde llamó a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que esa eliminación no proceda.
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La funcionaria federal señaló que la liberación de estas 67 mil 877 personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa “pondría en riesgo a testigos y víctimas, a policías, personal de las Fiscalías y a la misma población”.
Y es que la SCJN valora la supresión de esa figura jurídica ante al resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las personas acusadas de algún delito – que amerite prisión – sigan sus procesos en libertad.
Sobre esto, Luisa María Alcalde indicó que eliminar la prisión preventiva oficiosa “vulnera la soberanía nacional”, pues cosnideró que la existencia de organismos internacionales no implica que los estados “renuncien a su soberanía ni a su derecho de auto determinarse”.
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¿Cuáles son los estados con mayor número de personas en prisión preventiva oficiosa?
De acuerdo con la gráfica mostrada por el Gobierno federal en la Mañanera de López Obrador estos son los estados con mayor número de personas en prisión preventiva oficiosa:
Estado de México: 21 mil 718
Jalisco: ocho mil 342
Veracruz: cuatro mil 554
Michoacán: tres mil 315
Puebla: tres mil 44
Guanajuato: dos mil 962
Nuevo León: dos mil 379
Chiapas: dos mil 24
Hidalgo: mil 881
Sonora: mil 818
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En contraste, las entidades con menor número de personas en esta situación jurídica son:
Yucatán: 371
Baja California Sur: 325
Colima: 261
Campeche: 252
Durango: 30
Luisa María Alcalde explicó que la prisión preventiva oficiosa es aquella establecida en el artículo 19 para “personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad”.
Este recurso, detalló, se estableció para garantizar que el acusado “comparezca a juicio, que no haya alguna fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos”.