Con una votación de 77 a 33, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Espía, con la que el Gobierno Federal a cargo de Claudia Sheinbaum, podrá intervenir los teléfonos de los ciudadanos, sin necesidad de una orden judicial.
Esta ley nació a raíz de los spots de televisión en los que aparecía Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, invitando a los migrantes a no intentar cruzar la frontera de manera ilegal.
Aunque al principio le daba al Ejecutivo la facultad de bloquear plataformas digitales, como redes sociales, ese artículo quedó fuera del dictamen que ya fue aprobado.
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Sin embargo, la administración federal contará con otras herramientas para vigilar de manera masiva a sus ciudadanos, incluyendo la capacidad de espiar el teléfono de una persona sin necesidad de una orden judicial.
Ley Espía en México: Gobierno Federal intervendrá teléfono y obligará el registro de los usuarios
Con esta ley, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —(que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— tendrá un papel como regulador en materia de telecomunicaciones.
Esta agencia tendrá una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual fungirá ente encargado de mediar entre el gobierno y las empresas dedicadas a las telecomunicaciones.
Aunque el artículo 109 ya no da poder para bloquear plataformas, están otros como el 103.
Dicho artículo obliga a las compañías de teléfono a bloquear el servicio a aquellos usuarios que no se registren con una identificación oficial que incluya sus datos personales.
Las identificaciones a presentar son:
—CURP con datos biométricas para personas físicas
—RFC para personas morales
—En caso de personas extranjeras, deben identificarse con su nombre, país de origen y número de pasaporte.
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Otro poder que adquirirá el gobierno con esta ley es un padrón con todos los usuarios de servicios de telefonía en México, alimentado con los datos del artículo antes citado.
El artículo 183 indica que todos los concesionarios de telecomunicaciones en el país están obligados a:
I: Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, otorgando la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de los usuarios finales.
En caso de que se nieguen, serán sancionados por la autoridad en la vía penal.
II: Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier equipo o línea, a fin de identificar los siguientes datos:
—Nombre del usuario o razón social
—Tipo de comunicación usada; servicios suplementarios (reenvío o transferencia de llamada); servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, mensajes instantáneos, servicios multimedia y avanzados)
—Datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil; número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago.
—Datos para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia que se haya usado
—Deberán conservar la fecha y hora de la activación del servicio y ubicación desde la que se haya activado el mismo
—Identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor
—La ubicación geográfica de las líneas telefónicas
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Todas las empresas deben guardar estos datos por un periodo de dos años para que las instancias de seguridad del gobierno puedan consultarlos en cualquier momento.
En ningún apartado de esta, se menciona que deba existir una orden judicial de por medio para que las empresas de telecomunicaciones entreguen estos datos a las instancias de seguridad.
Con esto, el Gobierno Federal tendrá acceso al historial de llamadas, mensajes y chats de cualquier usuario para revisarlo a discreción, sin que las empresas puedan negarse a darlos.
También podrán rastrear en tiempo real a los usuarios, además de que será obligatorio darle los datos personales a las empresas para que brinden el servicio de telefonía.
Ahora que fue aprobada en el Senado, pasa a la cancha de la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados cuentan con la mayoría para aprobar el dictamen.
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