A Elena Liliette no la ocultó el crimen organizado ocho años y siete meses; fue la ineficiencia de cinco funcionarios de la Ciudad de México, quienes permitieron que la enviaran a una fosa común en Tlaxcala.
Su ficha de búsqueda circuló en todo el país, su madre escarbó en la tierra más de una vez. Sus hijas soñaban con volver a verla, pensando que estaba cautiva, sometida a trabajos forzados.
Mientras en casa lloraban su ausencia y no sabían si estaba viva o muerta, en una fosa común de Tlaxcala, el cuerpo de Elena Liliette se reducía a huesos.
La mujer de 33 años de edad salió de casa rumbo a su trabajo la mañana del 20 de julio de 2017 en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
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Llegó la noche y no regresó a casa; su familia comenzó a buscarla. Después de las 72 horas que exigía esperar, la Procuraduría emitió la ficha de búsqueda.
El 13 de agosto de ese año, la hallaron muerta en el canal de agua Las Palmas en inmediaciones de la carretera México-Veracruz a la altura del kilómetro 153+300 en territorio de Huamantla, Tlaxcala.
Quizás la asesinaron y abandonaron ahí, quizás fue ultrajada; eso ya no se sabrá, porque a su familia le negaron el derecho de hacer justicia. Hoy no hay pruebas, ni un dictamen de la causa de muerte.
Ellos son los funcionarios que ocultaron hallazgo de Elena
La entonces Procuraduría de Justicia de Tlaxcala (ahora Fiscalía General) notificó a 30 estados y al entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sobre el hallazgo de Elena Liliette.
Se trata de una solicitud de colaboración en la que anexaron el expediente del hallazgo del cuerpo de una joven “desconocida”, al que le anexaron fotografías y descripción de tatuajes, señas particulares y datos de la ropa que tenía puesta.
El documento lo recibieron José Antonio Ferrer, quien era encargado del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, y la titular de Locatel, Karina Graciela Moreno.
Además del fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro en la capital (actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas), Willy Zúñiga Castillo.
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Y la entonces agente del Ministerio Público de homicidios, Laura Yazmín Hernández, quienes respondieron que los datos no coincidían con alguna ficha de búsqueda.
La Procuraduría de Tlaxcala decidió mandarla a la fosa común, pues en ninguna entidad del país, les respondieron favorablemente.
Notifican que Elena estaba en la fosa común
El 13 de febrero de 2026, la familia de Elena Liliette recibió una llamada de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde informan que la encontraron en Tlaxcala.
No fue un descubrimiento reciente; accidentalmente hallaron el expediente y cotejaron los datos con las fichas de búsqueda y confirmaron que se trataba de Elena Liliette.
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El 14 de febrero la familia de la joven viajó a Tlaxcala y recuperó el cuerpo de su hija.
Ahora exigen la destitución de los cinco funcionarios que, por omisión o dolo, se negaron a cotejar e informarles que una mujer con las características de Elena estaba en la fosa común de la entidad vecina.
“La desaparición de larga data la causó el Estado; esta espera nos causó enfermedades, ha deshecho nuestras economías”, reprochó el hermano de Elena, este jueves 18 de febrero de 2026, frente a la Comisión de Búsqueda de Personas en Ciudad de México.
