La Secretaría de Hacienda indaga a una red de servidores públicos y empresas relacionadas, así como a 50 empresas presuntamente implicadas con el caso conocido como “La Estafa Maestra”.
“Estamos, como lo instruyó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) analizando la investigación que presentó el sistema financiero para poder colaborar con la Fiscalía General de la República y, por supuesto, proceder de acuerdo con nuestras responsabilidades legales”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto.
Aclaró que de momento no se han congelado cuentas relacionadas con estos hechos, sin embargo siguen las investigaciones en el sistema financiero para poder deslindar responsabilidades.
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Rechazó que se haya violado el debido proceso en la investigación contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público, que lleva la FGR.
“Se trata de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción”, señaló.
“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto, entrevistado en Palacio Nacional.
Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
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Crédito: Animal Político
