Ante casos donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en candidaturas y gobiernos municipales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una reforma para frenar narcocandidatos en 2027 y que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda revisar perfiles de aspirantes.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal reconoció que recientemente se han documentado casos en entidades como Morelos, donde presuntamente integrantes del crimen organizado financiaron campañas políticas.
Aunque aclaró que se trata de “casos aislados”, sostuvo que es necesario crear mecanismos preventivos que permitan a los partidos políticos conocer si alguno de sus aspirantes representa un posible riesgo.
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Para ello, la iniciativa plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo dependiente del INE que tendría como función revisar, mediante intercambio de información e inteligencia, si existen antecedentes o indicios de relación entre aspirantes y grupos criminales.
Sheinbaum recordó que desde el inicio de su administración se presentaron diversos casos de alcaldes y funcionarios municipales investigados o detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Si recuerdan, cuando entramos pasó en el Estado de México con la llamada ‘Operación Enjambre’; después vino el caso de Teuchitlán y luego el caso de Tequila. Ahora ocurrió en Morelos. Entonces planteamos qué se puede hacer para evitar este tipo de infiltraciones”, señaló.
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Busca Sheinbaum frenar narcocandidatos en 2027 con una iniciativa: ¿cómo funcionaría?
La propuesta la presentó la consejera jurídica del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján, y contempla una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El proyecto establece que la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales electos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
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La Comisión funcionaría como vínculo entre los partidos políticos y distintas dependencias federales de seguridad e inteligencia, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo operaría de manera voluntaria. Los partidos políticos podrían entregar listas de aspirantes para que las autoridades revisen si existe un ‘riesgo razonable’ de vínculos con la delincuencia organizada.
Posteriormente, las instituciones realizarían un análisis y emitirían una respuesta: ‘no existe riesgo’ o ‘hay riesgo razonable’.
La información la entregarán de manera confidencial a la Comisión, sin detallar el origen de las investigaciones, para no afectar procesos judiciales o indagatorias abiertas.
Después, el INE notificaría a los partidos políticos sobre la existencia o no de alertas relacionadas con alguno de sus aspirantes, aunque la decisión final sobre registrar o no la candidatura seguiría correspondiendo a cada instituto político.
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Además, la iniciativa establece que todas las personas aspirantes a una candidatura deberán manifestar por escrito su conformidad para que las evalúe esta Comisión, independientemente de si el partido decide o no solicitar la revisión.
Sheinbaum explicó que la intención no es sustituir investigaciones judiciales, sino generar filtros preventivos rumbo al proceso electoral de 2027.
“Si se encuentra algo, las instituciones del Estado mexicano tienen que presentar las denuncias correspondientes. Pero lo importante es que los partidos puedan tener elementos antes de postular a alguien”, señaló.
La presidenta agregó que esta propuesta ya había sido contemplada dentro del llamado ‘Plan A’ de reforma electoral impulsado en años anteriores, aunque finalmente no prosperó en el Congreso.
Por último, sostuvo que la reforma busca fortalecer la transparencia en los procesos electorales y evitar que grupos criminales utilicen candidaturas o gobiernos municipales para ampliar su influencia política y territorial.
