Para evitar más pérdidas de recursos públicos como en Accendo Banco, la diputada Fedrha Suriano propuso que todas las inversiones del Gobierno de Puebla deban ser aprobadas por el Congreso.
La diputada de Movimiento Ciudadano presentó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para poner un candado a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).
La ley vigente faculta a la SPFA a “intervenir en los actos o contratos ante las instituciones financieras que se requieran para salvaguardar, administrar y hacer más eficiente el manejo de los recursos financieros”.
La iniciativa agrega dos párrafos a la fracción XXV del artículo 33, para que la secretaría o sus funcionarios no hagan inversiones en instrumentos financieros de riesgo, sin que el Congreso lo apruebe.
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La SPFA deberá enviar una solicitud de aprobación fundada y firmada por el jefe del Ejecutivo.
Esta requerirá la votación de mayoría absoluta del Congreso, lo que equivale a dos terceras parte de las y los legisladores.
Quedan exentas de trámite las operaciones financieras necesarias para la custodia, administración y flujo operativo del gasto público.
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Lo anterior siempre que se realicen con instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tras pérdida millonaria en Accendo Banco, proponen que inversiones del Gobierno de Puebla pasen por Congreso
Fue a través de esa dependencia cuando en el sexenio de Miguel Barbosa, el Gobierno del Estado realizó una inversión de 606 millones de pesos en Accendo Banco, esto en junio del 2021.
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En septiembre de ese año la institución se declaró en quiebra, dejando en el limbo la recuperación del dinero que depositó la administración de Barbosa.
La entonces encargada de Finanzas, Teresa Castro, no informó sobre la versión fallida en ninguno de esos informes anuales.
Hasta 2023, el exgobernador Sergio Salomón Céspedes dio a conocer la situación, advirtiendo la presentación de denuncias contra los responsables.
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Los dos sancionados son Teresa Castro con inhabilitación de 20 años y multa de 362.9 millones de pesos, y Enrique Girón Zenil con multa de 241.9 millones de pesos e inhabilitación por 15 años.
Sin embargo, todavía no hay claridad acerca de sí el Gobierno del Estado recuperará los 606 millones de pesos.
