Para evitar que los ayuntamientos privaticen el agua, el diputado Julio Huerta, de Morena, propuso una reforma constitucional para prohibir que los municipios del estado concesionen el servicio.
Durante la sesión ordinaria de este 10 de julio, el legislador expuso que en 2012 una reforma a la Ley de Aguas abrió la puerta a la privatización de los servicios de agua, algo que se vendió como una idea de “avance y modernización”.
Sin embargo, esto terminó con lo que calificó como una de las decisiones más “injustas” en la historia del estado, que es el otorgamiento de la concesión a la empresa Agua de Puebla en 2013.
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Un año después, la misma corporación aprobó el control del servicio de agua potable en nueve municipios de la zona metropolitana, incluyendo San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y Cuautlancingo.
Desde entonces, miles de usuarios se han quejado por las fallas en el suministro del recurso, falta de saneamiento de aguas residuales e infraestructura en la zona metropolitana.
“Con ello empezó una historia marcada por la opacidad, la insatisfacción ciudadana y la creciente sensación de que el agua se convirtió en un jugoso negocio, en lugar de un derecho”.
También suscitaron conflictos sociales, el más reciente en el municipio de San Miguel Xoxtla.
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Ahí, los pobladores se niegan a que la concesionaria Agua de Puebla perfore el pozo número cuatro para extraer más recurso, a fin de llevarlo a la ciudad.
Pese a esto, el pasado 14 de febrero el gobernador Alejandro Armenta afirmó que su administración no le retirará la concesión a dicha empresa. Lo anterior, debido a que costará 7 mil millones de pesos al estado.
Prohibir la privatización del agua en municipios, proponen reforma constitucional
La reforma que plantea el diputado morenista modifica el artículo 104 de la Constitución Política de Puebla.
En específico, modifica el numeral III, referente a los servicios y funciones que los ayuntamientos pueden concesionar a empresas privadas.
Actualmente, el artículo solo restringe la concesión de los servicios de seguridad pública.
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La reforma agrega el inciso ‘a’ para que tampoco puedan privatizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Asimismo, agrega que las concesiones se darán con un acuerdo previo del Cabildo y observando las disposiciones que al efecto se emitan.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para determinar si se aprueba o no.





