Con penas de seis a 12 años de cárcel, así proponen en el Congreso castigar el despojo inmobiliario organizado, también conocido como el Cártel del Despojo, el cual se dedica al robo de inmuebles en Puebla.
La diputada Susana Riestra, del PAN, presentó una iniciativa para añadir el artículo 411 al Código Penal del Estado por el delito de despojo inmobiliario organizado, pues al día de hoy solo existe el despojo.
La propuesta de la panista señala que comete este delito quien actúe con una o más personas para quitarle a otra un inmueble del que es dueño legítimo.
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Habrá despojo inmobiliario organizado cuando exista una de estas prácticas:
–Falsificación o alteración de documentos públicos o privados relacionados con la propiedad o posesión de un bien.
–La simulación de procedimientos judiciales, administrativos o registrales.
–La colusión con notarios, corredores públicos, servidores públicos o cualquier persona que ejerza funciones de autoridad.
–El uso de amenazas, violencia física o moral contra el legítimo poseedor o su familia.
–Cualquier otra maniobra fraudulenta que produzca como resultado la pérdida de la posesión o propiedad del inmueble.
La sanción mínima será de seis años de prisión y máxima de 12 años. Más una multa de 22 mil 628 a 56 mil 570 pesos e inhabilitación para los funcionarios por el doble de tiempo que reciban como pena de cárcel.
Las penas aumentarán a la mitad cuando los involucrados sean jueces, notarios o trabajadores de seguridad pública.
También se elevarán en los casos donde haya violencia física o moral contra el dueño del inmueble, sus familiares o representantes legales.
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Otros agravantes incluyen víctimas menores de edad y adultos mayores, simulación de funciones o reincidencia.
Proponen 6 a 12 años de cárcel por despojo inmobiliario; así opera Cártel del Despojo en Puebla
En Puebla, se supo del Cártel del Despojo el 16 de julio de 2025, cuando siete vecinos de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, fueron desalojados de sus hogares con lujo de violencia.
Para esto, se coludieron un juez de Oaxaca, notarios y actuarios que facilitaron el despojo de las familias en Puebla.
Por una supuesta deuda de un millón de pesos, un hombre le pagó a una mujer con un predio en el que justamente estaban las siete viviendas de los afectados.
El juicio se celebró en un juzgado de Oaxaca, donde el juez Paulino Díaz no verificó quién era el dueño de la propiedad, pero aun así emitió un exhorto para traspasárselo a la nueva “dueña”.
A raíz de eso, las familias han sufrido amedrentamientos en su lucha por intentar recuperar su patrimonio.
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El Gobierno de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, reconoció la existencia de dicho Cártel y también prepara una iniciativa para frenarlo.
