Sin la prisión preventiva oficiosa, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif hubieran escapado con más de 800 millones de pesos, tras ser vinculados por el caso de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Este fue uno de los ejemplos que utilizó el subsecretario de Seguridad Pública (SSPC) Ricardo Mejía Berdeja, para criticar la postura de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, quienes como senadores votaron a favor de esta reforma.
“Dos jueces federales otorgaron el beneficio para descongelar las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos”, dijo Mejía Berdeja durante la conferencia matutina de este viernes 2 de septiembre.
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Sobre las cuentas de Kamel Nacif y Mario Marín, dos jueces federales otorgaron el beneficio para que se descongelaran las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos, mencionó el subsecretario de la @SSPCMexico, @RicardoMeb. #Mañanera @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/3CWU1MUZcH
— Francisco Estrada (@betoestrada_75) September 2, 2022
De acuerdo con lo dicho por el funcionario federal, los dos implicados en el caso de Lydia Cacho pudieron haberse dado a la fuga con el dinero de las cuentas descongeladas si no existiera la figura de prisión preventiva oficiosa.
Por esta razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se mantenga dicha figura.
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Será el próximo 5 de septiembre cuando la SCJN discuta si la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Constitución Mexicana, además de poner reglas claras a la prisión preventiva justificada.
