Un posible daño patrimonial por 75 millones 813 mil 832.95 pesos dejó Norma Layón en su último año como alcaldesa en San Martín Texmelucan, según la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En la revisión que realizó a su cuenta pública 2024, el órgano fiscalizador le realizó 67 observaciones, pero durante 2025, se solventó de manera parcial 17 casos, por lo que quedaron pendientes un total de 50.
Actualmente, Norma Layón es directora de Carreteras de Cuota y recientemente nombrada delegada en la microregión de San Martín Texmelucan para regresar a tierra.
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Ha trascendido que la morenista busca una diputación federal por el distrito en la elección del 2027.
¿Cuáles son las irregularidades detectadas por la ASE a Norma Layón en Texmelucan?
Principalmente, faltan documentos para comprobar el destino del dinero.
Por ejemplo, no se ha comprobado si realmente se gastaron 14 millones 373 mil 6.34 pesos en el rubro reportado como ‘Gastos de orden cultural’.
El Ayuntamiento respondió a los requerimientos en diciembre del año pasado, pero la información entregada permitió comprobar únicamente 640 mil 642.81 pesos.
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En consecuencia, el posible daño patrimonial en este apartado se mantiene en 13 millones 732 mil 543.53 pesos, que es el monto más alto.
Aunque se presentaron documentos adicionales para respaldar una cantidad superior a 12 millones de pesos, la ASE determinó que estos no cumplían con los criterios legales, debido a que los contratos los firmó el Tesorero Municipal, lo que contraviene disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.
Otro de los señalamientos relevantes involucra un monto de 13 millones 563 mil 880.91 pesos, detectado en la ‘Balanza de comprobación de diciembre de 2024’, específicamente en la subcuenta ‘Otras transferencias’.
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En este caso, la autoridad fiscalizadora advirtió que la documentación presentada fue incompleta y no permitió verificar que los recursos se ejercieran conforme al Presupuesto de Egresos ni a las normas de disciplina financiera.
Además, se indicó que la administración entrante no atendió completamente este procedimiento de fiscalización, lo que derivó en la falta de solventación del monto observado.
Las observaciones forman parte del proceso de revisión que podría derivar en responsabilidades administrativas o legales, en caso de no acreditarse el uso adecuado de los recursos.
