La presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, aclaró que no llamarán a directivos de la concesionaria Agua de Puebla para comparecer, hasta que la nueva legislatura tenga un analisis de la problemática del agua.
Esta petición la realizaron, meses pasados, los diputados salientes, ante las quejas contra el servicio y desabasto del vital líquido en la zona metropolitana, donde esta concesionado a la empresa Concesiones Integrales.
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En entrevista, este 20 de septiembre, García Chávez señaló que el Poder Legislativo no puede tomar acciones contra la empresa o el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) hasta que conozcan el asunto “de fondo”.
Afirmó que se escucharán a ambas partes, a fin de encontrar “soluciones y no culpables”, por lo que no se sentará a la empresa “en el banquillo de los acusados”.
“El tema de las empresas creo que debemos escuchar, insisto mucho en este tema, decir que no los vamos a sentar en el banquillo de los acusados, porque nosotros estamos empezando y primero debemos entender y buscar un diagnóstico, para de ahí partir a una solución’, declaró García Chávez.
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La presidenta de la Junta de Gobierno indicó que el gobierno entrante, a cargo de Alejandro Armenta, presentará un proyecto hídrico para atender el problema del agua en el estado.
En este sentido, aseguró que desde el Congreso local se apoyará el plan del Poder Ejecutivo con presupuesto, en caso de que se requiera.
El cuestionado servicio de Agua de Puebla
Desde que la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua De Puebla Para Todos, obtuvo la concesión del servicio en 2013, ciudadanos y activistas denuncian cobros excesivos y desabasto.
El título de concesión le otorgaron en 2013, con la aprobación del Congreso local durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por un periodo de 30 años, por lo que los gobiernos de Morena han intentado revertir el contrato.
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El gobernador electo, Alejandro Armenta, comentó que cancelar el contrato costaría al erario 8 mil millones de pesos.
En otro asunto, García Chávez afirmó que la nueva legislatura no será omisa en abordar el aborto, después de que quedaron pendientes reformas secundarias para garantizar su acceso gratuito.
“Lo haremos por supuesto porque si no se vuelve todo inoperante, entendemos que sigue siendo un asunto delicado pero al final sabemos que ya hay una ley aprobada y que debemos de hacerla operativa”, declaró la diputada.
