A la par que se realizaba la audiencia de Giovanni González Vieyra, aún edil de Tlachichuca, acusado por el delito de robo agravado, un grupo de pobladores de su municipio y de Ciudad Serdán, arribaron al Congreso de Puebla a exigir ambas liberaciones.
Alrededor de las 12:30 horas se instalaron en la entrada principal de la sede del Poder Legislativo con una manta enorme y con pancartas que contenían mensajes como “Justicia para Uruviel González”, “Queremos a Uruviel”, entre otros.
En un inicio llegaron dos camiones, y después se fueron sumando más personas, sobre todo de la tercera edad.
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Poco a poco, casi de manera simultánea que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla imputaba los delitos a Giovanni, pues un día antes —el lunes 10 de marzo fue la audiencia de Uruviel, señalado por portación de armas de uso exclusivo del ejército— gritaban “¡Que salga Fedrha!”.
Se referían a la diputada local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, partido al que están afiliados los dos presidentes municipales detenidos.
Las horas fueron pasando hasta que acabó la sesión ordinaria que se realizó en el Congreso, y los legisladores, trabajadores, así como reporteros intentaron abandonar el inmueble, sin embargo, se toparon con que los manifestantes no los dejaban salir.
Cerraron los dos accesos de la entrada principal en la zona de Los Fuertes.
Los González Vieyra “secuestran” el Congreso de Puebla, interviene Segob
Alrededor de las 16:00 horas, arribó una patrulla de la policía de Puebla capital a petición de los trabajadores, pero no hicieron nada para poder liberar el inmueble.
Fueron llegando más granaderos que se apostaron en los accesos y más quedó bloqueada la entrada, mientras adentro había trabajadores sin comer, con petición de que los dejaran irse a casa.
Por un momento, los manifestantes accedieron y dejaron salir a diputados, entre ellos a Nayeli Salvatori fue la primera en irse; a empleados y a reporteros que cubrieron la sesión.
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Una comisión de los quejosos ingresó al Poder Legislativo en búsqueda de presionar para que liberen a sus presidentes, mientras otro grupo volvió a tomar los accesos.
A las 19:00 horas, mientras adentro, Fedrha Suriano atendía a un grupo a través de Atención Ciudadana, salió la diputada Graciela Palomares a calmar los ánimos y a pedir que dejaran salir a las personas que ya no tenían nada que hacer en el Congreso local.
A las 8:15 de la noche, otro grupo de empleados y reporteros lograron salir.
Antes, la diputada del PRI, Delfina Pozos, rogó a los manifestantes liberar la sede con un “¿nosotros qué culpa?”, pero como a pregunta expresa respondió que es necesario reformar la ley para no permitir que delincuentes sean candidatos, fue abucheada y recriminada.
Y es que su partido fue quien dio inicios al cacicazgo de los González Vieyra en la región de Ciudad Serdán desde 1988, cuando el papá, Ramiro Margarito fue presidente de Tlachichuca.
Cerca de las 21:00 horas, a intervención de Graciela Palomares, arribó a la sede el subsecretario de Gobernación estatal, Francisco Ramos a dialogar con los manifestantes.
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Ingresó el funcionario estatal a la comisión para hablar sobre sus demandas, que es una sola: liberar a Uruviel y a Giovanni.
Según dijeron algunos, avalan sus gobiernos y por eso los reeligieron en la elección del 2024.
En la mesa de diálogo que se instaló, también participó la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez.
Fue una fotografía en la que aparece ella, Fedrha; Francisco Ramos, entre otros, la que vieron los manifestantes para que alrededor de las 22:00 horas, permitieran a los demás empleados irse del Congreso, con todo y sus autos, mientras siguió el diálogo.
¿Por qué detuvieron a Uruviel y a Giovanni González Vieyra?
A ambos hermanos los detuvieron la mañana del siete de marzo en Tlachichuca.
Uruviel, acusado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Giovanni por robo agravado.
Trasladaron a ambos al penal de Tepexi de Rodríguez y sus detenciones las declaró legales un juez.
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En el caso del primero, tiene una segunda audiencia el sábado para determinar si lo vinculan a proceso o no.
