La Ley Villegas abre la posibilidad de que entes o servidores públicos desgasten económicamente a medios de comunicación a través de demandas civiles, lo que vulnera el derecho a la libertad de expresión en el estado de Puebla.
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Así lo consideró Patricia Méndez, periodista de La Jornada de Oriente y vocera de la Red de Periodistas de Puebla, en entrevista con MTP Noticias.
Consideró que tras revisar el contenido de la iniciativa, puede tener alcances punitivos en contra de quienes trabajan en medios de comunicación.
El 13 de febrero pasado, el diputado de Morena, Andrés Villegas presentó una iniciativa denominada ‘Ley que establece los derechos para el libre ejercicio del periodismo en el estado de Puebla’, la cual ha causado polémica por su contenido poco claro.
Entre los puntos que aborda el contenido, destacan sanciones a través del Código Civil y Penal del estado, pero no es clara.
Méndez señaló que es una posibilidad real que esta ley se use para asfixiar a los medios y llevarlos a la quiebra, especialmente en un contexto como el de Puebla, en el que cuentan con pocas herramientas para defenderse.
“Esta podría ser otra herramienta para que recurran al desgaste de los medios de comunicación, a través de denuncias o sanciones de carácter civil o penal”, dijo.
En la Red de Periodistas de Puebla hay preocupación por los alcances de esta iniciativa, por lo ambiguo en el uso de conceptos.
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Por ejemplo, el artículo 44 señala que los periodistas deben abstenerce de “incurrir voluntariamente en error o falsedad de hechos en sus informaciones”.
“No hay un juez que pueda fungir como tal, en decidir si un periodista incurre de manera voluntaria o involuntaria en un error. Tampoco se pueda sancionar a un comunicador por estos errores, voluntarios o involuntarios”, acotó la entrevistada.
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Blindar vida privada de políticos en Ley Villegas restringe información
Acerca del artículo siete, que señala que las personas periodistas tampoco podrían indagar la vida privada de los funcionarios públicos, Patricia Méndez dijo que esto representa una forma de censura porque restringe el acceso a información pública.
“Creemos que está limitando la búsqueda y la emisión de información pública que está relacionada con la vida privada de funcionarios que, finalmente, son figuras públicas y usan recursos públicos”, aseguró la periodista.
Para la Red de Periodistas de Puebla, no se puede limitar el contenido de los medios de información referentes a la vida privada de una persona, ya que emplean recursos de la ciudadanía.
Consideran que esto es una forma de coaccionar la libertad de cuestionamiento sobre el uso y el destino de los recursos de que dispone un servidor público.
“Los funcionarios y legisladores en Puebla deben abonar por la libertad de expresión y tomar en cuenta que la situación de los medios en Puebla es de vulnerabilidad y que no pueden abonar a esa vulnerabilidad con este tipo de iniciativas que coartan la libertad de expresión”, sentenció.
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El propio gobernador Alejandro Armenta se ha deslindado de la propuesta al asegurar que no conoce el contenido, pero que en el caso del gobierno, no limitarán la libertad de expresión.
