La idea del PRI de poner comedores comunitarios en Puebla fue ‘bateada’ por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues prohibieron dichos espacios al considerar que no son gastos partidistas.
El nueve de febrero, el contralor del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Hugo Campos, solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE permiso para instalar comedores para personas sin recursos en Puebla.
La idea del partido es instalar los comedores en diferentes puntos del estado, una estrategia que ya se ve en otras entidades.
En el Estado de México, último bastión que perdió el PRI en 2023, la dirigente Cristina Ruiz tiene sus propios comedores comunitarios itinerantes, mismos que llevan a diferentes municipios.
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Mediante el escrito CDE/CG-001/2026, el PRI de Puebla preguntó si era viable replicar dicha estrategia de promoción, con espacios de alimentación usando el financiamiento público del partido o aportaciones privadas.
La unidad ‘bateó’ la propuesta, con el argumento de que toda actividad no permitida por la Ley General de Partidos Políticos es contraria a la finalidad de un partido y no supone un gasto propio de actividades partidistas.
INE prohíbe al PRI comedores comunitarios en Puebla, diputadas no pueden instalarlos
Como alternativa, el partido planteó la posibilidad de que los comedores los pongan sus diputados o diputadas, ya sean locales o federales, con recursos de su propia bolsa.
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A nivel local, la única diputada local del PRI es Delfina Pozos, mientras que a nivel federal está Xitlalic Ceja, dirigente estatal, y Nadia Navarro, esta última líder del partido local PSI.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE tampoco aprobó tal idea, pues en caso de que las legisladoras implementan los comedores y usen la imagen del partido, generan “un beneficio de posicionamiento ante la ciudadanía”.
Dicho beneficio lo considerarán como una aportación realizada por su militancia o simpatizantes, incluso si son recursos propios de las diputadas.
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Si las diputadas usan el dinero del Congreso, local o federal, se trataría de una aportación ilegal por provenir del Poder Legislativo, algo que también está prohibido por ley.
