Diputados avalan en comisión castigar hasta con cuatro años de prisión a quienes operen anexos sin contar con los permisos correspondientes.
Esta mañana, se llevó a cabo la sesión de las Comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud para evaluar la iniciativa remitida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para adicionar el artículo 258 Bis del Código Penal del Estado.
La iniciativa del ejecutivo estatal establece una sanción de uno a cuatro años de prisión, y multas que van de los cuatro mil 811 pesos a los 19 mil 244 pesos, en contra de los responsables de centros de adicciones o de salud mental que no cuenten con los requisitos legales para operar.
Recomendamos: Gobierno regulará los anexos por convertirse en guarida de delincuentes; caso Tehuacán fue personal
Además de los requisitos legales para operar de forma lícita, estos anexos deberán de estar inscritos ante el Comité Nacional Contra las Adicciones.
Aurora Sierra Rodríguez, diputada del PAN, señaló que esta reforma abonará para frenar los abusos que se cometen en los centros de atención a la salud mental que no cumplen con los requisitos mínimos para operar, donde denuncian abusos en contra de los internos.
“Se tiene que regular desde la perspectiva clínica y de la psicología, creo que mucho nos puede abonar a la sociedad sobre todo cuando estamos hablando de administración de justicia el hecho de que no se cumpla con los estándares que dicta la ciencia al respecto, justo por ello y en atención a esa prevención de muchas otras situaciones o delitos que se pueden cometer a veces en establecimientos cuando no se cuenta con las normas de los profesionales”, explicó la diputada panista.
Lee más: Hay anexos de adictos que son ‘madrigueras’ de delincuentes y distribución de drogas: Barbosa
En cuanto a las reformas a la Ley de la Salud del estado de Puebla, éstas las reservó el área jurídica del Congreso del Estado, debido a que se requieren realizar consultas a personas con discapacidad y pueblos originarios.
Abusos y muertes en anexos urgen reformas
Tan solo en lo que va del 2022 se registraron al menos nueve decesos en el estado al interior de los anexos.
Algunas las consideraron como muertes naturales, otros como suicidios y en otros casos, se iniciaron carpetas de investigación por existir la sospecha de que se trató de un homicidio.
Ante esto, Barbosa Huerta presentó una iniciativa en junio de este 2022 para regular este tipo de actividades, pues internos acusan estar privados de su libertad en contra de su voluntad, además de recibir tratos inhumanos con el pretexto de rehabilitarse.
Asimismo, algunos centros para el combate de las adicciones, son considerados como ‘nidos delictivos’, ya que sirven de refugio para criminales.