El alcalde de Puebla capital, José (Pepe) Chedraui, aseguró que en caso de decidir competir por la reelección en 2027 o buscar otro cargo público, solicitará licencia y se separará de la presidencia municipal.
En entrevista, el edil subrayó que su administración acatará las disposiciones tanto legales como partidistas, y reiteró su respaldo a los lineamientos establecidos por Claudia Sheinbaum y por Morena.
“Yo respetaré a la presidenta lo que diga, a la presidenta y lo que esté bajo ley así se acatará”, expresó, al dejar en claro que su eventual participación en el proceso electoral no interferirá con el ejercicio del gobierno municipal.
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Chedraui también extendió este criterio a los integrantes de su gabinete y del Cabildo, al señalar que cualquier secretario o regidor que aspire a un cargo de elección popular deberá separarse de su puesto en tiempo y forma, conforme a las reglas establecidas.
El posicionamiento del alcalde ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado público a todos los servidores públicos del país para que, en caso de buscar una candidatura en 2027, abandonen sus funciones antes de iniciar actividades proselitistas.
La mandataria federal indicó que esta medida tiene como objetivo garantizar condiciones de equidad en los procesos electorales y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines políticos.
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“Aprovecho para decirlo aquí públicamente, ya se los dije a todos los servidores públicos: quien quiera participar como candidato debe dejar el gobierno”, señaló.
Enfatizó que no es compatible desempeñar un cargo público y, al mismo tiempo, contender en una elección, ya que ello podría derivar en irregularidades.
El alcalde poblano reiteró que su gobierno actuará conforme a la ley y a los principios de su partido, asegurando que cualquier decisión futura en materia electoral se tomará respetando los tiempos y reglas establecidas para el proceso de 2027.
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A esto se suma que el pasado 16 de marzo, la presidenta de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, señaló que los aspirantes a un cargo de elección popular y participen en la función pública que renuncien tres meses antes de su registro para el proceso electoral de 2027.
El objetivo, dijo, es evitar que se haga usufructo de la función pública con fines electorales o como parte de actos anticipados de campaña.
