En Puebla, proponen aumentar a 70 años de cárcel por el delito de feminicidio y hasta 100 años en caso de que sea contra embarazada, menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad o que haya sido cometido por un funcionario público.
La agravante también aplica si se comete contra periodistas, defensoras de derechos humanos o si el responsable altera la escena y hace pasar el caso como un suicidio.
La iniciativa la presentaron legisladoras de Morena, Verde, PT y el PAN en el pleno del Congreso local este 16 de abril, quienes justificaron que las penas establecidas actualmente en el Código Penal del Estado, no han sido suficientes para frenar este delito.
Actualmente, se castiga en Puebla con 60 años de cárcel el feminicidio y 70 años cuando se comete contra una embarazada.
Feminicidio en Puebla, ¿con qué otros agravantes aplicarán hasta 100 años de cárcel?
Las legisladoras Norma Pimentel, Guadalupe Vargas del Verde; Xel Arianna Hernández, Esther Martínez Romano del PT; Susana Riestra del PAN y María Soledad Amieva de Morena, fueron quienes subieron a tribuna para plantear dos iniciativas de ley que tienen como finalidad prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en el delito de feminicidio.
La Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio contempla 54 artículos y tiene como eje central el aumento de las penas.
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Eso, a pesar de que en el primer trimestre del 2026, los feminicidios disminuyeron en un 66 % al pasar de ocho a tres casos, según datos de la fiscalía local.
Además de las agravantes ya mencionadas, también considera aumentar la pena cuando participen más de dos personas en el feminicidio, si privaron de la libertad a la víctima o cuando se simule un suicidio o un accidente, como ha ocurrido en algunos casos en la entidad.
También se debe tomar en cuenta si el delito se cometió enfrente de infantes o si se ha hecho uso de armas blancas o de fuego.
“Que ninguna muerte de una mujer quede en la duda, en la impunidad, mucho menos en el olvido. El feminicidio no es un delito más, sino que es la expresión más brutal de una violencia estructural”, justificó Norma Pimentel, quien fue la encargada de plantear las propuestas.
También aumentan penas en casos de tentativa de feminicidio
Esta ley también contempla aumentar las penas en casos de tentativa de feminicidio. Es decir, cuando se violente a punto de la muerte a una mujer.
Actualmente se castiga con 40 años de cárcel, pero si se avala esta ley, ya se castigaría en Puebla con 46 a 52 años de cárcel.
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En estos casos, el o la feminicida perdería sus derechos, como la custodia de sus hijos; después de ser imputado y en caso de una sentencia condenatoria, se decretará la pérdida de la patria potestad, tutela y custodia, así como la prohibición de contacto.
Toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio
La segunda propuesta, la Ley para la Actuación Estatal Integral frente al Feminicidio y la Protección de sus Víctimas, contempla 64 artículos y reformas a la Ley para una Vida Libre de Violencia, el Código Penal y los protocolos de investigación.
La esencia es que —ahora sí— toda muerte violenta de una mujer se debe investigar como feminicidio, con perspectiva de género, sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de familiares o terceros.
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Las autoridades no podrán reclasificar los hechos como homicidio, suicidio o accidente sin haber agotado un análisis integral del contexto.
Además, estarán obligadas a explorar todas las líneas posibles, incluyendo antecedentes de violencia, relaciones de poder, contextos de discriminación y condiciones de vulnerabilidad de la víctima.
También se establece que no podrán descartar casos por la falta de testigos ni por la existencia de una relación previa entre la víctima y el agresor, lo que busca evitar omisiones en la procuración de justicia.
Y es que existen casos que no se investigan como feminicidio pese a presentar signos de violencia, como el de Juana Francisca y Evelyn —abuela y nieta—, asesinadas a finales de febrero de 2026 en la Sierra Norte de Puebla.
Ambas iniciativas se turnaron a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
