El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, negó que exista persecución política en torno a los exfuncionarios sancionados, luego de que el Poder Judicial inhabilitara por 20 años a Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo estatal subrayó que la administración actual “no persigue a nadie, pero tampoco omite aplicar la ley”. Reafirmó que la justicia debe prevalecer por encima de los intereses partidistas, especialmente cuando existen pruebas de operaciones irregulares en el manejo de recursos públicos.
El caso de Castro Corro se remonta a junio de 2021, cuando la entonces titular de Finanzas autorizó la transferencia de 606 millones de pesos del erario estatal al Banco Accendo.
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La institución financiera quebró apenas tres meses después, lo que ocasionó un daño patrimonial al estado por 606 millones de pesos.
El pasado 27 de octubre, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla emitió la sentencia que inhabilita a la exfuncionaria por 20 años para ocupar cargos públicos y le impone una sanción económica de 362 millones 997 mil 678 pesos.
En su posicionamiento, el gobierno estatal sostuvo que cuando existe la presunción de un delito “se actúa con determinación, siguiendo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia”, reiterando su compromiso con el estado de derecho.
Asimismo, el texto enfatiza que en Puebla “no hay persecución pero tampoco omisiones”, y que la justicia y la integridad pública “no tienen colores ni excepciones”.
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El mensaje lo interpretaron como una defensa de la autonomía institucional frente a las críticas de presunta revancha política.
“En Puebla no hay persecución”, tras sanción a Teresa Castro; la única castigada por caso Accendo
Castro Corro es hasta ahora la única exfuncionaria del gobierno barbosista sancionada por presuntas irregularidades financieras.
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En su momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió sobre los riesgos de invertir en fondos de alto riesgo como Accendo, el cual operaba con problemas de liquidez antes de su cierre.
Tras su salida del gobierno de Puebla, Teresa Castro Corro se integró a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, bajo la administración de Clara Brugada Molina, donde permanecía activa hasta antes de conocerse la resolución judicial.
