Sin un rasguño, sin reclamos de fondo y sin el escenario ríspido que muchos anticipaban, así salió Agua de Puebla de su tercera comparecencia ante diputados del Congreso del Estado.
La expectativa era distinta. Durante semanas, el gobernador Alejandro Armenta había endurecido el discurso contra la concesionaria, acusándola de incumplir inversiones y de no garantizar el acceso al agua para miles de poblanos. A ello se sumaban los anuncios de legisladoras como Delfina Pozos, del PRI, y Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, quienes adelantaban cuestionamientos severos.
Con esos antecedentes, la sesión prometía convertirse en uno de los ejercicios más tensos desde que comenzaron las comparecencias de la empresa. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, el ambiente fue perdiendo intensidad.
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La reunión estaba programada para las 11:00 de la mañana, aunque inició una hora después. Frente a los diputados comparecieron la directora general del Soapap, Josefina Morales, y el presidente del Consejo de Administración de Agua de Puebla, Jordi Bosch, quienes dispusieron de 45 minutos cada uno para presentar cifras, indicadores y resultados.
Ese fue el punto de partida de un encuentro que transcurrió sin sobresaltos.
Soapap reconoce rezagos y expone cifras
La primera en intervenir fue Josefina Morales, quien informó que Agua de Puebla debe cumplir 31 indicadores establecidos en los acuerdos modificatorios de la concesión.
De ese total, únicamente nueve alcanzaron una evaluación aprobatoria, mientras que los 22 restantes permanecen con observaciones o en números rojos.
También dio a conocer que el Soapap tiene proyectadas ocho inversiones prioritarias por 247 millones de pesos para mejorar la eficiencia física del sistema, incrementar el suministro de agua, rehabilitar infraestructura hidráulica y sanitaria, intervenir pozos, construir redes de distribución, realizar reforzamientos, obras de saneamiento, así como desarrollar estudios y proyectos.
La funcionaria añadió que entre 2024 y junio de 2026 se acumularon mil 344 quejas por falta de agua potable y que durante este año también aumentaron los reportes por fugas, con 184 casos registrados.
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A ello sumó otro dato: el Soapap mantiene una deuda cercana a los 2 mil millones de pesos, la cual continúa incrementándose por la contratación de recursos para hacer frente a distintos compromisos financieros.
Agua de Puebla defiende su operación
Cuando llegó el turno de Jordi Bosch, el tono cambió.
El representante de la concesionaria aseguró que Agua de Puebla sí ha realizado inversiones en infraestructura hidráulica y saneamiento. Aunque rechazó que la empresa sea responsable de las recientes inundaciones registradas en la capital.
Explicó que la red que administra corresponde al drenaje sanitario, diseñado para recibir aguas residuales domésticas y no el volumen extraordinario que generan las lluvias, función que corresponde al sistema pluvial.
También informó que entre enero y mayo de 2026 la empresa obtuvo ingresos por 823 millones de pesos, de los cuales transfirió 41.7 millones al Soapap como contraprestación.
Concluidas ambas exposiciones, llegó el momento que parecía concentrar la mayor expectativa: las preguntas de los diputados.
Los cuestionamientos nunca escalaron
La primera en intervenir fue Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano.
Su cuestionamiento giró en torno a las inundaciones y la posible responsabilidad de la empresa. La respuesta fue prácticamente la misma expuesta minutos antes: las lluvias extraordinarias no corresponden a la infraestructura sanitaria operada por la concesionaria.
Después tomó la palabra Delfina Pozos, del PRI, quien en diversas ocasiones ha promovido retirar la concesión a Agua de Puebla.
Sin embargo, durante la comparecencia centró su participación en preguntar si existían condiciones jurídicas para cancelar el contrato.
Josefina Morales respondió que, como ya lo ha manifestado el gobernador Alejandro Armenta, revocar la concesión tendría un costo económico muy elevado para el estado. Además, actualmente no existen incumplimientos graves que jurídicamente permitan hacerlo conforme al contrato vigente y sus acuerdos modificatorios.
La funcionaria precisó que sí se han aplicado sanciones económicas a la empresa por poco más de 2 millones de pesos, derivadas de incumplimientos registrados durante los primeros nueve años de la concesión.
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Posteriormente, participaron Leonela Martínez, de Nueva Alianza; María de la Barreda Angón, del Partido Verde; Rafael Micalco, del PAN; Mauricio Céspedes, del PT, y Julio Miguel Huerta, de Morena.
Las intervenciones siguieron prácticamente la misma ruta: sanciones, inundaciones, indicadores y alcances de la concesión.
No hubo cuestionamientos más profundos sobre el suministro por tandeo, el acceso desigual al agua en distintas colonias o las críticas que en los últimos meses han marcado la relación entre el Gobierno del Estado y la empresa.
Así, la tercera comparecencia concluyó sin el choque político que muchos anticipaban.
Antes de retirarse, Jordi Bosch reiteró que el 88 % de la población atendida por Agua de Puebla en la capital y zona metropolitana tiene acceso al servicio. Y que la mayoría de los usuarios recibe agua tres veces por semana.
También sostuvo que el programa Agua para el Bienestar utiliza agua suministrada por la concesionaria y que aún no existe una definición sobre el cobro de ese suministro. Al tratarse de un esquema coordinado con el Gobierno del Estado para llevar el servicio a zonas donde la empresa no puede operar directamente.
Al final, la comparecencia terminó muy lejos del escenario que se anticipaba. Las advertencias de un debate ríspido quedaron únicamente en expectativa y Agua de Puebla abandonó el Congreso prácticamente sin despeinarse.
