Filomeno Sarmiento Torres, alcalde de Cuautlancingo, está en la mira de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras detectar un posible daño patrimonial por 192 millones 82 mil 411.56 pesos en su segundo año de gobierno.
El órgano fiscalizador realizó 29 pliegos de observaciones en 2022, por el pago de orquestas y eventos, la compra de un terreno, así como servicios que el ayuntamiento contrató, pero no pudo comprobar.
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La ASE señaló el derroche de 44 millones 88 mil 380.64 pesos por la contratación de músicos, una orquesta para el carnaval y la organización de “eventos públicos y privados”.
El gobierno de Sarmiento Torres reportó este gasto como “ayudas sociales” y no justificó la adjudicación directa de los contratos.
Además, la ASE observó que no hay evidencia de la entrega de los “apoyos” ni elementos que acrediten que dicho monto se realizó para lograr resultados en la población.
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Filomeno Sarmiento compró un terreno por 28 millones 582 mil 475 pesos, sin presentar documentación que justifique la inversión o que compruebe la compra-venta.
El pliego de observaciones de la ASE advierte que el ayuntamiento no presentó documentación de la autorización presupuestal, procedimiento de adjudicación, dictamen de excepción y contrato de adquisición durante la auditoría.
Gastó 21 millones de pesos en repartir juguetes
La Auditoría Superior realizó observaciones al gasto de 21 millones 956 mil 681 pesos por la compra de juguetes para regalarlos el Día de Reyes.
El Ayuntamiento de Cuautlancingo adjudicó el contrato sin licitación, no presentó evidencia documental de la entrega de los bienes y servicios, además de que no justificó si los recursos estaban programados.
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La administración de Torres Sarmiento también pagó 16 millones 371 mil 457.63 pesos por el servicio de reparación mecánica y refacciones de automóviles, pero no presentó evidencia de recibir el servicio.
El gobierno municipal no comprobó 14 millones 941 mil 784.94 pesos por servicios de “desarrollo de software, servicios jurídicos, de consultoría en administración, en auditoría, de defensa legal en materia laboral, laboratorios médicos y de actos jurídicos ante notaria público”.
Aunque el dinero se gastó, no hay evidencia de la entrega de dichos servicios.
Otro de los pagos observados fue de 14 millones 70 mil 775 pesos, por la adquisición de gasolina para el gobierno, pero no se presentaron documentos que demuestren la entrega del combustible.
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En el caso de la adquisición de material, el ayuntamiento destinó 2 millones 678 mil 577 pesos, sin embargo, no hay evidencia de que lo entregó.
La administración del panista tendrá 30 dias para solventar las observaciones, de lo contrario la Auditoría Superior podrá promover acciones, como denuncias por posible daño patrimonial en la Fiscalía General del Estado (FGE).