La gestión de Adán Domínguez como edil del Ayuntamiento de Puebla en 2024 no solo dejó un hoyo financiero de 550 millones de pesos, sino que además la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un posible daño patrimonial por 161.7 millones de pesos.
Se trata de observaciones por montos millonarios en los cuales la autoridad fiscalizadora no encontró sustento suficiente en la información proporcionada por la actual administración encabezada por José (Pepe) Chedraui, quien sucedió a Domínguez en el cargo.
Adán Domínguez tomó protesta el 21 de diciembre de 2023, luego de que Eduardo Rivera dejara el cargo para competir por la gubernatura de Puebla en el proceso electoral de 2024 por el Partido Acción Nacional.
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La auditoría corresponde a la cuenta pública 2024, periodo que abarcó exclusivamente su administración.
Dentro de lo observado está el monto más alto observado por 105 millones 846 mil 97 pesos, derivado de la celebración de 41 contratos adjudicados de manera directa y algunos por invitación, relacionados con servicios de transmisión, publicación y difusión de las actividades del Ayuntamiento.
El gobierno municipal actual recibió al menos tres oficios para presentar documentación que justificara estos contratos; sin embargo, la ASE determinó que la información fue insuficiente.
Detecta ASE daño patrimonial a Adán Domínguez: contratos sin sustento y ampliaciones sin justificar
Entre las omisiones detectadas en los contratos concretados, por Adán Domínguez, se encuentran la falta de constancias de inscripción al padrón de proveedores, acreditación de capacidad técnica, económica y financiera, así como documentos fiscales y registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tampoco se entregaron el Programa Anual de Comunicación Social 2024 ni pólizas del gasto devengado, elementos clave para comprobar el uso de recursos públicos en materia de difusión institucional.
El segundo monto más elevado corresponde a 26 millones 851 mil 100 pesos por el servicio de mantenimiento a las áreas permeables de la capital, contratando a la empresa Arky Joman S.A. de C.V.
En este caso, la ASE detectó que el contrato original por 34 millones 834 mil pesos quedó ampliado a 38 millones 833 mil 900 pesos, sin documentación que justificara el incremento.
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Además, ni la administración saliente ni la actual proporcionaron pólizas contables, comprobantes fiscales, ni evidencia de los trabajos realizados, como reportes o entregables.
Otros contratos bajo observación
Dentro de las irregularidades también se incluye un monto superior a ocho millones de pesos por el arrendamiento de equipos multifuncionales, sin respaldo documental suficiente.
A ello se suman 6.6 millones de pesos en servicios de limpieza de oficinas municipales, donde no se acreditaron pólizas contables ni solicitudes de suficiencia presupuestal.
Asimismo, la ASE observó 5.1 millones de pesos en servicios de alimentos destinados a personal en capacitación, debido a la ausencia de comprobantes que validaran el gasto.
Otro de los contratos señalados corresponde a 4.6 millones de pesos por poda y derribo de árboles, el cual fue catalogado como un posible uso indebido de recursos públicos.
También, se identificaron inconsistencias por 4.3 millones de pesos en mantenimiento a bancas y herrería en espacios públicos.
Observaciones federales se suman al caso
A estas observaciones se agregan las realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en febrero de este año, por un monto de 63.5 millones de pesos.
De este total, 25.3 millones corresponden a la contratación de un software para equipos de misiones críticas, proporcionado por la empresa PSV Sistemas S.A. de C.V., sin evidencia de su correcta ejecución.
También se detectó la compra de una camioneta RAM 1500 SLT modelo 2023 para el Instituto Municipal del Deporte, la cual no fue localizada en el inventario oficial.
Otra observación relevante se relaciona con un contrato de mantenimiento de alumbrado público, en el que no se presentaron evidencias de los trabajos realizados por las empresas Trafficlight y Engintra, entre 2022 y 2024.
El monto conjunto de estas últimas irregularidades asciende a 38.2 millones de pesos.
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En conjunto, las observaciones estatales y federales colocan bajo revisión el manejo de recursos durante la administración de Adán Domínguez, cuyos montos deberán ser aclarados por las autoridades competentes o, en su caso, derivar en responsabilidades legales.





