Ni las investigaciones, procedimientos administrativos e inhabilitaciones, así como el rechazo social en su contra, han podido frenar las ambiciones de Porfirio Loaeza Aguilar por mantener el poder en la región de Tlatlauquitepec, municipio que ha gobernado durante tres periodos.
Loaeza Aguilar ha pasado de partido en partido para alcanzar la candidatura y posteriormente el triunfo en las urnas, sacando provecho de las estructuras partidistas del PRI, PAN, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y PSI, partido con el que ejerce su actual periodo en el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec.
No obstante, hoy busca la reelección bajo las siglas del partido Morena, a pesar de que viola su estatuto que impide postular como candidatos a militantes de otros partidos, como es el caso de Porfirio Loaeza, quien aun es simpatizante de PSI.
En su contra no solo pesa el rechazo social, sino el de morenistas, quienes solicitaron al partido cancelar la candidatura a la reelección del edil de Tlatlauquitepec, señalando el daño que ha hecho al municipio durante sus gestiones.
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A través de una misiva, los militantes Octavio Benavides Manzano, José Martín Ramos Torres, Iván Bautista Rivas, José Roberto Matamoros Moreno, Miguel López Dolores, Jonathan Lozada Guerrero, Citlali Aurora Guzmán, Yazmín Arizbeth Solís Valverde, Juan Carlos Cabrera Caballero y Andrés Salazar Huerta manifestaron su rechazo.
Cuentas millonarias milagrosamente saldadas
Porfirio Loaeza ha sido un político que siempre ha estado en la mira del Congreso del Estado durante sus administraciones, derivado de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a sus cuentas públicas.
Tan solo durante el primer periodo como edil de Tlatlauquitepec (2005-2008), solo le fue aprobada una cuenta pública, las dos restantes fueron observadas por la autoridad fiscalizadora debido a múltiples irregularidades.
En 2010, el Congreso del Estado determinó que Porfirio Loaeza era responsable de diversas irregularidades en el manejo de recursos, particularmente de los provenientes del Ramo 33 y Ramo 20, por lo cual estimó daño patrimonial de 13.3 millones de pesos y una sanción económica por la misma cantidad, independientemente de la restitución de 26 millones 714 mil 68 pesos al erario.
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Además se impuso una inhabilitación de once años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público derivado de deficiencias administrativas mismas que ascienden a más de 6 millones de pesos.
Un año después, nuevamente como edil en funciones en la administración 2011-2013, se inició un procedimiento para revocar su mandato mismo que fue aprobado por mayoría de votos en el pleno del Congreso del Estado.
Sin embargo, el edil ha recurrido a diversas lagunas legales para mantenerse en el cargo evadiendo las sanciones que ha emitido el Congreso del Estado y la propia autoridad fiscalizadora.
Por Cirilo Calderón / @calderonciro
