El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen del denominado “Plan B”, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, para modificar la integración y funcionamiento de los Ayuntamientos y Congresos locales, así como establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de las y los funcionarios electorales.
En Sesión Extraordinaria, las y los diputados locales analizaron, discutieron y aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las modificaciones contemplan que los Ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
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También indica que las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.
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“Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, expone una de las modificaciones.
Durante la sesión, las diputadas María Soledad Amieva Zamora, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Araceli Celestino Rosas y Azucena Rosas Tapia se pronunciaron a favor del dictamen.
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Esto, al considerar que tiene un sentido democrático y se apega a los principios de austeridad, para garantizar que los recursos se destinen a las necesidades de la población.
En tanto, las diputadas Susana del Carmen Riestra Piña y Delfina Pozos Vergara se manifestaron en contra, pues coincidieron en que repercute en los contrapesos y el sistema democrático en general.
