El Congreso del Estado de Puebla aprobó en sesión ordinaria una serie de reformas y dictámenes que fortalecen los derechos sociales, educativos y de seguridad en la entidad, destacando la ampliación de la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla” para incluir las modalidades de educación inicial e indígena.
Con esta modificación, el número de categorías para otorgar la presea aumentó de seis a ocho, reconociendo el trabajo especializado de maestras y maestros en todos los niveles formativos. La diputada Laura Artemisa García Chávez resaltó que este cambio era necesario para valorar la labor docente en sectores que contribuyen al desarrollo integral de la niñez poblana.
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó reformas a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, mediante las cuales se incorpora al titular del Sistema Estatal DIF como secretario técnico del Consejo Estatal. Esta medida permitirá fortalecer la coordinación institucional en la atención a la primera infancia.
Te recomendamos: En Congreso de Puebla, la vida se defiende con leyes y amor: Laura Artemisa
La diputada Esther Martínez Romano subrayó que la reforma garantiza servicios de calidad para niñas y niños, así como una vigilancia más estricta en la operación de los Centros de Atención Infantil.
En materia de seguridad, las y los legisladores aprobaron cambios a la Ley de Seguridad Privada del Estado, con el objetivo de establecer la capacitación y evaluación obligatoria de todos los elementos operativos. Las reformas contemplan que el personal sea formado en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad, y que pase controles de confianza periódicos para garantizar un desempeño profesional y confiable.
Las diputadas Beatriz Manrique Guevara y Delfina Pozos Vergara coincidieron en que la profesionalización es un paso esencial para reforzar la seguridad en Puebla.
Congreso de Puebla declara a San Gabriel Chilac “Capital del Ajo”
Asimismo, el Congreso declaró al municipio de San Gabriel Chilac como la “Capital del Ajo” del Estado, en reconocimiento a su vocación agrícola y a su importancia económica y cultural, propuesta impulsada por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.
En el ámbito de derechos digitales, se aprobó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla para garantizar el acceso y uso seguro del internet, así como la prevención del ciberacoso y otros tipos de violencia digital. Las diputadas Delfina Pozos Vergara, Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina enfatizaron la necesidad de proteger la integridad y privacidad de las infancias en el entorno digital.
También lee: Diputados de Puebla entregan víveres y colchonetas a damnificados de Xicotepec
Otra de las reformas aprobadas fue la modificación al Código Civil del Estado, la cual amplía el concepto de alimentos para incluir no solo comida, vestido y habitación, sino también esparcimiento, educación y desarrollo integral. La diputada Celia Bonaga Ruiz explicó que el cambio refuerza el derecho de los menores a un desarrollo pleno, con acceso a la educación y actividades formativas.
De igual manera, se avalaron cambios a la Ley de Vivienda del Estado de Puebla para garantizar el acceso a una vivienda digna a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos. Las diputadas Floricel González Méndez y Nayeli Salvatori Bojalil destacaron que esta iniciativa incorpora la perspectiva de género, la igualdad y la no discriminación como principios rectores del ordenamiento.
Te puede interesar: Aprueba Comisión del Congreso que seguridad privada sea evaluada
En materia de inclusión laboral, la LXII Legislatura exhortó a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y al Sistema Estatal DIF a promover la incorporación de al menos el 3 % de personas con discapacidad en los centros de trabajo, además de impulsar su capacitación y desarrollo profesional.
Finalmente, el Pleno también exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Puebla en el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, y al Sistema Estatal DIF y ayuntamientos a implementar políticas para atender a personas en situación de calle, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, mediante albergues, programas de salud y campañas de inclusión social.
