Partidos políticos presentaron un total de 34 denuncias por delitos electorales en Puebla durante el periodo de precampañas y campañas.
Diez fueron presentadas a nivel federal ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) y 24 a nivel local ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales.
Según datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 50 por ciento de las denuncias, los partidos las presentaron en mayo, durante el último mes de campañas.
Varios enfrentamientos políticos se registraron en mayo pasado, uno se desató el día 17 cuando el excandidato a diputado local por el distrito 20 y ahora diputado electo por Morena, José Luis Figueroa denunció al gobierno capitalino el uso de una bodega para almacenar despensas.
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En respuesta, el ayuntamiento de Puebla denunció penalmente al excandidato por agresiones y por obstruir la entrega de programas sociales en el municipio.
¿Cuántas denuncias por delitos electorales presentaron en Puebla?
Las 34 denuncias en las elecciones 2024 corresponden al periodo de enero a mayo de este año, según datos del Secretariado.
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Solo 17 de estas denuncias fueron presentadas en mayo, de las cuales 11 fueron ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales en Puebla.
El pasado 2 de abril, el ahora excandidato a diputado federal por el distrito 11 en la alianza por Morena, Antonio López, enfrentó a servidores públicos municipales.
A través de redes sociales denunció la entrega de tinacos azules a cambio de credenciales de elector en el Centro Comunitario de San Ramón en la ciudad de Puebla.
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El Ayuntamiento de Puebla respondió con una denuncia en contra de Antonio López. Acusó al petista de obstaculizar la entrega de apoyos de los programas “Mejorando Tu Espacio” y “Mejoramiento Participativo de los Comités de Participación Ciudadana”.
El Secretariado no detalla qué partidos o autoridad presentaron las denuncias, solo se indica que un delito electoral tiene que ver con la compra y coacción del voto a cambio de programas sociales.
Aunque los programas sociales no debieron suspenderse o cancelarse de manera injustificada en el periodo de campañas electorales ni pueden ser entregados en eventos masivos.