Alejandro Camacho Fierro / @alecafierro
Luego de interponer la denuncia penal por el presunto saqueo de elementos históricos del ex hospital de San Roque, se ha solicitado una explicación a los responsables del comodato que entregó el Gobierno del Estado en 2015.
La intención es identificar lo que ocurrió, si estaban realizando obras, si tenían permisos o en su caso si hubo robo, situación que determinará si se inicia la rescisión del comodato y se recupera de inmediato el inmueble.
Así lo dio a conocer, el Secretario de Finanzas del Estado, Jorge Estefan Chidiac quien explicó que el comodato que se tiene en el ex hospital de San Roque, edificio histórico del Siglo XVI, se otorgó hace 4 años y su vigencia concluía en unos meses.
Indicó que ni la Secretaría de Finanzas ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenían reportes de la ejecución de obras al interior, lo cual fue una violación flagrante al acuerdo.
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Por ello, destacó que ya se interpuso la denuncia penal correspondiente y se citó de manera urgente a los particulares que tienen en su poder la custodia del inmueble para que den una explicación de lo ocurrido y si no es satisfactorio se puede iniciar un proceso de rescisión del contrato de comodato de San Roque.
Detalló que los responsables tendrán que entregar el inmueble a poder del Estado, esperando la explicación de ellos para determinar si estaban realizando obras para la conversión a un museo y no haya sido algún intento de saqueo.
“Ya fueron citados los responsables para que otorguen la explicación correspondiente, pero también, este día, el INAH determinará si se afectó el inmueble histórico. Se va a verificar si cuentan con licencias de construcción, manejo de elementos históricos, rehabilitación o si fue un saqueo de piezas”.
Estefan Chidiac resaltó que la Fiscalía del Estado y el INAH determinarán si se ejecutó el robo de las piezas de este inmueble histórico, si fue producto de obras o si hubo alguna irregularidad.
Al final, el secretario de Finanzas destacó que se está realizando toda una revisión de los miles de contratos de comodatos que tiene el Gobierno del Estado sobre escuelas, edificios, inmuebles históricos y otros terrenos.
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