Celestino Martínez, juez del Poder Judicial del Estado de Puebla, absolvió a Sergio Rogelio y a Luis Javier, un exelemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y el otro de la Guardia Nacional, quienes participaron en un secuestro ocurrido en San Martín Texmelucan en 2023.
Así lo confirmó Miguel Barroeta ante medios de comunicación este lunes nueve de febrero de 2026.
Comentó que Sergio Rogelio, quien fungió como elemento de la Secretaría de la Defensa de 2009 a 2012, terminó en libertad luego de que el juez séptimo desestimara las pruebas que había en su contra por el secuestro de su hijo, Santiago.
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Sobre Luis Javier, quien era elemento activo de la Guardia Nacional al momento del secuestro, señaló que también terminó absuelto; sin embargo, no quedó en libertad, ya que lo investiga la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de posesión de arma de uso exclusivo del Ejército.
Recordó que en octubre de 2023, ambos, en compañía de Obed —también exelemento del cuerpo que sustituyó a la Policía Federal y que fue creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, así como de Javier, quien ubicaba a Miguel Barroeta, participaron en los hechos.
Estos dos últimos también están detenidos por el delito de secuestro en contra de Santiago y su mejor amigo, además de que la FGR los investiga por otros delitos.
Juez del Poder Judicial de Puebla desestimó pruebas
Ante los medios de comunicación, Barroeta señaló que el juez que liberó a Sergio Rogelio dejó pasar pruebas importantes, pese a que se trata de un exmilitar que participó en el secuestro de su hijo.
Entre ellas, destacó que los implicados terminaron investigados por posesión de armas de fuego, mismas que se hallaban en sus vehículos, así como por hacerse pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Indicó que estos sujetos llegaron escoltados por elementos de la Guardia Nacional de Texcoco, Estado de México, y que ya habían amenazado a la exalcaldesa Norma Layón.
Recordó que, posterior al intento de secuestro de su familia, la entonces funcionaria declaró públicamente que había recibido amenazas por parte de este grupo proveniente del Estado de México.
Incluso mencionó que existe un sector de la población que no se atreve a denunciar a este grupo, el cual también habría operado en otras comunidades.
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Ante ello, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que apele la absolución dictada por el juez. Asimismo, solicitó al Consejo de la Judicatura que investigue el actuar del juzgador.
Además, pidió a la Secretaría de Gobernación federal que le otorgue medidas de protección.
CNDH no quiso emitir recomendación
Por su parte, Itzel Jiménez, asistente legal de Miguel Barroeta, dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió una recomendación debido a que, según su postura, “el delito de secuestro no viola derechos humanos”.
Explicó que esta determinación se dio luego de que la Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC) del Ejército —organismo creado para la resolución de conflictos con civiles— presionara, mediante su grupo de abogados, para que los afectados desistieran de la queja.
Incluso señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba dispuesta a pagar la reparación del daño y ofreció “una suma bastante considerable”, propuesta que terminó rechazada.
Estos hechos ocurrieron a finales de 2024 y principios de 2025.
Cabe recordar que Santiago, hijo de Miguel Barroeta, y Fredy, su mejor amigo, se convirtieron en víctimas de un intento de secuestro por parte de estos exelementos de las Fuerzas Armadas.
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Ambos agresores llegaron a bordo de un Jetta blanco con placas del Estado de México, el cual era escoltado por la patrulla 28098 de la Guardia Nacional del Estado de México.
