Fue el 6 de mayo del 2023 cuando Macrina recogía leña en un cerro de San Juan Tejupa, en Atzitzihuacán, fecha en la que su hija, quien vive con una discapacidad, la violaron a y luego la ignoraron las autoridades.
“Mientras yo juntaba leña mi hija estaba jugando, de momento ya no la vi y le grité”, así relata el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal con su hija.
Inmediatamente después, se percató de que su hija de 23 años regresaba por una vereda, pero iba despeinada, con basura en el cabello y manchas de sangre en la parte trasera de su pantalón.
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Instantes después vio cómo un hombre huía entre la maleza mientras se subía el pantalón, en el mismo camino por el que pasó su hija.
El presidente de la junta auxiliar las llevó a Casa de Justicia de Atlixco para levantar una denuncia, pero ahí empezó la negligencia de las autoridades, ya que no le tomaron declaración alegando que no había servicio en día sábado.
Posteriormente, a la víctima la llevaron al hospital ‘Gonzalo Río Arronte’, donde los médicos la atendieron hasta el domingo siete de mayo.
Ahí se confirmó el peor escenario, la hija de Macrina recibió atención por una posible violación.
No fue sino hasta el 23 de mayo de ese año, 17 días después de la violación, cuando el Ministerio Público de Atlixco recibió la demanda, aunque en esta sólo recabaron la entrevista de doña Macrina, no de la víctima directa.
Joven con discapacidad violada en Atzitzihuacán; FGE no investigó su caso
El caso de Macrina y su hija regresó casi dos años después de ocurrido, ya que derivó en la recomendación 3/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y es que, la Fiscalía de Puebla cometió omisiones en la investigación por la violación que sufrió la joven en el ya lejano mayo del 2023.
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La primera y más importante fue que no tomaron la declaración de la víctima directa en el momento de los hechos.
Aunque el 1 de septiembre del 2023 la CDH emitió una conciliación en la que pedían tomar la entrevista de la víctima “en un plazo razonable”, hasta el 26 de febrero de 2025 todavía no le habían tomado la declaración.
Esto constituyó una violación a los derechos humanos de la mujer que fue violada, por lo que pidieron a la FGE llevar a cabo una investigación con enfoque especial para la víctima.
