El gobierno de Puebla capital y la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron negligentes al no otorgarle medidas de protección a Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora en Villa Frontera, concluyó la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
La recomendación 28/2024 del organismo autónomo señala que hubo graves omisiones por parte del ayuntamiento capitalino y la fiscalía, toda vez que su actuar derivó en el asesinato de la madre buscadora ocurrido hace dos años.
La asesinaron la noche del cuatro de octubre del 2022 mientras salía de su casa en la unidad habitacional Villa Frontera.
Ella denunció a un presunto narcomenudista de estar implicado en la desaparición de Betzabé.
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Tanto la FGE como el ayuntamiento capitalino, en ese entonces gobernado por Eduardo Rivera Pérez, no la protegieron a pesar del riesgo que corría.
A través del memorándum SSC-CGOP8886/2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a cargo de Consuelo Cruz Galindo informó que la FGE nunca solicitó medidas de protección para la víctima.
“Esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, no recibió la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para proporcionar las medidas de protección a favor de VD1”, es decir, de Blanca Esmeralda Esmeralda.
De hecho, la SSC informó que no fue hasta el cinco de octubre, un día después del feminicidio de Esmeralda, que recibió el correo con el oficio FE/19574/2022.
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Autoridades fallaron en no proteger a madre buscadora asesinada en Villa Frontera: CDH Puebla
A Esmeralda se le reconoció como víctima indirecta por ser madre biológica de Betzabé Alvarado.
Tenía a su favor medidas de protección por tiempo indeterminado.
Estas medidas fueron retiradas luego de 30 días sin justificación.
Lo anterior derivó en que quedara desprotegida a pesar de su situación de vulnerabilidad, lo que derivó en su asesinato la noche del cuatro de octubre.
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La recomendación dirigida a Adán Domínguez y al fiscal Gilberto Higuera Bernal consideró esto como una violación al derecho humano a la seguridad personal y la vida libre de violencia, al derecho a la seguridad jurídica y la integridad personal.
Solicitaron a Higuera Bernal, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reparación integral del daño para las víctimas indirectas.
También la inscripción al Registro Estatal de Atención a Víctimas.
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Asimismo, pidieron la correcta capacitación del personal de la FGE para que aplique perspectiva victimal al momento de determinar el otorgamiento de medidas de protección.
En cuanto al exalcalde Adán Domínguez, exigieron la reparación integral del daño, incluida una compensación económica para las tres víctimas indirectas.
También la creación de un protocolo para el personal encargado de implementar medidas de protección a víctimas.
La historia de Esmeralda Gallardo, madre buscadora asesinada
Esmeralda Gallardo se enteró de la desaparición de su hija Betzabé Alvarado y de una amiga de nombre Fabiola Narváez el 13 de enero del 2021.
Esa fue su segunda pérdida en un mes, ya que en diciembre del 2020 falleció su esposo a causa de Covid-19.
Desde entonces, emprendió una cruzada para encontrar a su hija realizando acciones de búsqueda en Puebla capital y Amozoc.
También la buscó en el estado de Tlaxcala.
Esmeralda fue acompañada del colectivo Voz de los Desaparecidos.
El hecho fue condenado por colectivos locales como el antes mencionados, así como por la Universidad Iberoamericana, y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se dio a conocer el arresto de Beatriz el 25 de octubre del 2022, aunque en realidad estaba aprehendida desde julio del 2021 luego de que salió herida tras un enfrentamiento armado cerca de Tlaxcala.
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Ella es una de las dos implicadas en la desaparición de Betzabé Alvarado, y a quien le dictaron una sentencia de 28 años de prisión el pasado siete de diciembre del 2023.
Está acusada de desaparición cometida por particulares.
El otro señalado en el caso era Osvaldo, pero las autoridades avisaron del hallazgo de su cuerpo sin vida el 15 de julio.