El cobro de piso en Puebla dejó de ser un delito silencioso, en 2025 estalló con hechos que estremecieron a la ciudad.
El ataque al bar Lacoss y los cuerpos emplayados abandonados en pleno Centro Histórico evidenciaron el avance de la violencia extorsiva.
La madrugada del 18 de noviembre, el centro nocturno Lacoss se convirtió en el punto más crítico de un año marcado por la extorsión.
Un comando armado ingresó al establecimiento, disparó contra trabajadores, roció gasolina y desencadenó un incendio devastador que provocó caos, confusión y un saldo fatal que evidenció la creciente amenaza criminal en la capital.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez, las primeras indagatorias apuntaron hacia un conflicto entre grupos dedicados al narcomenudeo que también disputan el control por cobro de piso, durante 2025.
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La autoridad estatal señaló al grupo delictivo identificado como ‘Los Toscano’ como probable responsable de ordenar el ataque, motivado por desacuerdos económicos previos.
Entre las víctimas mortales figuraron Karen, bailarina cubana conocida como ‘Elianis’ o ‘China’, y Carmen Hortensia, otra joven que trabajaba en el lugar y cuyo nombre permaneció desconocido durante varias horas.
A ambas las identificaron tras la intervención de autoridades migratorias, personal ministerial y compañeros que colaboraron para confirmar su identidad.
El ataque también cobró la vida de José de Jesús Palestino, conocido como ‘Roy’, un mesero con amplia trayectoria en el bar poblano.
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Además, murió Gerardo Hernández, un trabajador mayor que había regresado al oficio por necesidad económica. Ambos dejaron huellas profundas entre amigos y familiares que visibilizaron la precariedad laboral en centros de entretenimiento.
Otro fallecido fue José Luis Gómez, ‘Wicho’, quien se desempeñaba como DJ la noche del ataque. Su última conexión en WhatsApp generó esperanza temporal entre conocidos antes de confirmarse su muerte.
A él se sumó Carlos Ata, cadenero del establecimiento, quien aunque tenía un negocio propio había retomado funciones de seguridad ante la falta de oportunidades estables.
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Pollero de la Central de Abastos, también se suma a lista de víctimas por cobro de piso
Un día antes del caso Lacoss, el 17 de noviembre, la violencia ya había sacudido a la Central de Abastos.
Un comerciante dedicado a la venta de pollo, dueño del negocio ‘Cabrera’, fue asesinado de al menos cinco disparos cuando se encontraba dentro de su local. El ataque ocurrió en la zona conocida como La Herradura.
Tras los hechos, testigos llamaron al 911 y elementos estatales y municipales arribaron para confirmar el deceso.
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Acordonaron la zona y comenzaron las indagatorias que incluyeron entrevistas a locatarios que mencionaron presiones recientes por parte de presuntos extorsionadores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal confirmó que una línea sólida era el cobro de piso.
El titular de la SSC, Félix Pallares, reconoció públicamente que existían reportes previos de amenazas contra comerciantes del área.
El crimen reforzó la percepción de que a distintos puntos comerciales de la ciudad los presionaban estructuras criminales, aunque no siempre existieran denuncias formales por miedo a represalias.
Cuerpos emplayados marcaron un 2025 en Puebla por cobro de piso
Días después del ataque en Lacoss, la violencia continuó dejando huellas. José Miguel Santiago Aguilar, quien había sobrevivido inicialmente al incendio, falleció en el hospital por la gravedad de sus quemaduras.
El 30 de noviembre murió Aribel Guadalupe, quien permanecía internada en Traumatología con lesiones extensas y un cuadro de choque séptico.
Estas muertes ampliaron el saldo del caso Lacoss a ocho víctimas, convirtiéndolo en uno de los hechos más dolorosos del año.
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Paralelamente, las autoridades atendían otro escenario crítico ocurrido semanas antes: el asesinato de Willivaldo Chavarría Muñoz, vendedor de quesos del mercado Morelos, cuyo cuerpo apareció envuelto en plástico y lona.
El 15 de septiembre, su cadáver lo abandonaron en el parque Analco con un mensaje amenazante dirigido a líderes de organizaciones de comerciantes como ‘Fuerza 2000′ y la ’28 de Octubre’.
Willivaldo había sido plagiado junto con su esposa, su sobrino y un trabajador el 13 de septiembre, en un episodio relacionado también con exigencias de pago de piso.
Según las investigaciones, los delincuentes intentaron forzarlo a cubrir cuotas de extorsión, pero la situación se volvió violenta.
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A él lo asesinaron y su cuerpo lo dejaron como advertencia. Liberaron a las demás personas después de sufrir golpes, lo que reforzó la hipótesis de que grupos criminales buscaban controlar mercados tradicionales.
Otros dos casos ocurrieron en San José y en mercado de ‘La 18’
A finales de agosto, la alerta volvió a intensificarse en el Centro Histórico. Localizaron un cuerpo envuelto en cobijas y dentro de un tambo, cerca del mercado 5 de Mayo.
No había mensajes visibles, pero la forma de abandono coincidía con patrones observados en hechos previos vinculados a extorsión.
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El 24 de agosto, en el callejón 18 Poniente apareció otro cuerpo abandonado, esta vez embolsado. Los primeros reportes indicaron que tampoco había mensaje de advertencia, pero la zona era la misma donde locatarios reportaron intentos de cobro de piso. El ambiente de tensión creció entre comerciantes y vecinos del área.
Horas antes, el 22 de agosto, encontraron dos cuerpos embolsados acompañados de una lona con amenazas en el mismo cuadrante. El mensaje señalaba directamente a presuntos cobradores de piso de diferentes mercados de la ciudad y estaba firmado por La Familia Michoacana, lo que aumentó la preocupación por la presencia de células externas.
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2025, marcado por cobro de piso en Puebla: Seguridad Ciudadana lo reconoce
El 13 de agosto, Félix Pallarés confirmó oficialmente que la dependencia tenía identificados casos de cobro de piso en mercados y tianguis.
La declaración ocurrió tras el asesinato de Alfredo, un carnicero atacado con más de 19 puñaladas en la colonia Tres Cruces, donde tampoco se descartaba la extorsión.
La confirmación institucional generó presión social para atender el fenómeno con mayor rapidez. Aunque las autoridades insistieron en que existían operativos permanentes, comerciantes entrevistados en diferentes zonas señalaron que las amenazas aumentaron desde mediados del año y que muchos preferían no denunciar por miedo a represalias mayores.
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La Secretaría de Seguridad Pública estatal identificó prácticas de extorsión en mercados de Huejotzingo, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan.
El secretario Francisco Sánchez informó que existían denuncias formales y casos en proceso que atendían de manera coordinada con Fiscalía de Puebla.
El funcionario explicó que los operativos se reforzaron en el mercado de Flores de Huejotzingo y en el Cosme del Razo de Cholula, donde locatarios reportaron presiones para mantener sus espacios.
También, mencionó a tianguistas de Texmelucan, quienes habrían recibido amenazas directas para entregar dinero a cambio de evitar agresiones.
Aseguró que la coordinación con directores de seguridad municipal y personal ministerial sería clave para identificar a los responsables.
Destacó que implementaron un programa integral contra la extorsión, el cual incluye vigilancia focalizada, presencia operativa y acompañamiento a víctimas, aunque reconoció que el miedo sigue frenando muchas denuncias.
El 2025 cerró como uno de los años más violentos para comerciantes del estado. La combinación de ataques armados, asesinatos, mensajes públicos y abandono de cuerpos confirmó que el cobro de piso dejó de ser un fenómeno aislado.
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Los hechos evidenciaron que grupos delictivos intentan expandir su control sobre actividades económicas diversas.
El recuento final reveló un patrón repetido: los mercados tradicionales, los centros nocturnos y los negocios familiares se convirtieron en espacios vulnerables.
La presión criminal alcanzó tanto a locatarios con trayectoria consolidada como a trabajadores que dependían del ingreso diario. Para la ciudadanía, cada caso reafirmó la percepción de inseguridad creciente.
Aunque las autoridades emprendieron operativos y anunciaron avances en investigaciones, los hechos mostraron que la disputa por territorios y cuotas económicas continúa activa.
Puebla enfrenta el reto de fortalecer la denuncia, blindar los espacios comerciales y contener la expansión de células delictivas que buscan controlar sectores completos de la economía local.
