Un nuevo conflicto ha surgido entre choferes de la ruta 77A y la ruta 25A Nueva Visión, operada por Antorcha Campesina, por una presunta invasión de sus recorridos al sur de la ciudad de Puebla.
Desde mayo de 2022, se originó este conflicto entre operadores de ambas rutas que han afectado principalmente a vecinos de la colonia Valles del Paraíso al sur de la ciudad de Puebla.
Ambas rutas comenzaron a operar a la altura del bulevar Carmelitas debido a que en este punto no existe transporte y vecinos tenían que caminar hasta tres kilómetros.
Sin embargo, los choferes de la ruta 77A denunciaron que Antorcha Campesina no los deja operar en la zona debido a que quieren absorber parte de su recorrido.
En contraparte, la agrupación conocida por apoderarse de lugares y ahora también acusados de invadir el derrotero, acusaron que ellos ya ofrecían el servicio desde hace seis años.
Posteriormente el conflicto escaló al grado de que el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte ha tenido que pronunciarse al respecto.
Pero ¿qué desencadenó este conflicto entre ambas rutas? ¿Hay más rutas involucradas? ¿Antorcha Campesina trabaja de forma irregular? Aquí te explicamos.
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¿En qué consiste el pleito entre la ruta 77A y la 25A Nueva Visión?
Todo inició en mayo de 2024, cuando concesionarios de la ruta 77A y Angelópolis Nueva Generación bloquearon el bulevar Carmelitas a la altura del Periférico.
La manifestación se originó tras señalamientos a choferes de Antorcha Campesina, quienes operan la ruta 25A Nueva Visión.
Los operadores de la 77A y Angelópolis Nueva Generación acusaron que por meses denunciaron ante la SMT que la organización invadió el recorrido de ambas rutas.
Incluso se expuso que Antorcha Campesina no dejaba que circularan las unidades y en julio de 2024, se registró otra manifestación, pero ahora por parte de vecinos.
En esta ocasión el cierre se dio a la altura de la 11 Sur y el Periférico presuntamente porque dicha organización retuvo a 10 conductores de la ruta 77A y los vecinos no podían llegar a sus destinos.
Por su parte, los operadores de la 25A Nueva Visión justificaron que ellos cuentan con esa ruta desde hace ya seis años.
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Sin embargo, acusaron que fueron los choferes de la ruta 77A y Angelópolis los que quisieron expandirse cinco kilómetros más sin pedir la autorización de la SMT.
¿Qué responde el secretario de la SMT sobre conflicto entre rutas al sur de la ciudad?
Este lunes 29 de julio de 2024, cuestionaron al secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte sobre el conflicto entre ambas rutas.
Ante esto el secretario ironizó que “si ya saben cómo se ponen para que los invitan”, y aclaró que los operadores de ambas rutas llegaron a un acuerdo para operar.
Esto después de que el propio Valentín Zambrano, representante de la ruta Angelópolis Nueva Generación mostrara su inconformidad luego de invitar a Antorcha a trabajar juntos.
Sin embargo, conductores de Antorcha Campesina no respetaron los acuerdos que se establecieron, lo que causó la inconformidad de quienes manejan la ruta 77A.
“Ellos generan el conflicto y luego, al cambio de la administración, cuando entra el gobernador Barbosa, el representante de Nueva Generación Angelópolis, Valentín Zambrano, pone cartulinas en todos sus camiones exigiéndole al gobernador que retire a antorcha campesina de sus derroteros. ¿Cómo? Si él los invito”, señaló el secretario.
Además, se evidenció que las unidades de la ruta 25A no están regularizadas y nunca actualizaron sus unidades conforme a lo establecido por la dependencia estatal.
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Antorcha Campesina responde: niegan que operen sin permisos
Este 31 de julio de 2024, Antorcha Campesina respondió a los señalamientos del secretario de Movilidad y Transporte de Puebla.
Los operadores de rutas como Galgos, Jaguares, 100, 54, 22, entre otras, se sumaron a los choferes de la ruta 25A.
El grupo mostró su indignación sobre los señalamientos realizados desde la dependencia estatal y aseguraron que ellos han entregado sus papeles en regla para regularizarse.
Incluso aceptaron que aún le deben más de un millón de pesos a la empresa que instaló las cámaras de seguridad en el transporte público, pues mencionaron que los obligaron a colocarlas.
El grupo pidió una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, para aclarar el conflicto que se originó recientemente.