Mientras el Congreso del Estado analiza si se declara la ausencia definitiva de Francisco Romero Serrano para designar a otro auditor, la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, dijo que existe voto de confianza para Rubén de la Fuente Vélez, quien quedó al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como suplente.
En entrevista, la legisladora de Acción Nacional refirió que no se le entregará un cheque en blanco al suplente de Francisco Romero, tras la suspensión de este por enfrentar cargos por el delito de violencia familiar.
Dijo que lo único que saben los diputados respecto al perfil Rubén de la Fuente, es lo que han publicado los medios de comunicación, sin embargo tiene voto de confianza en el Congreso del Estado.
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“Le daremos el beneficio de la duda, no podemos hablar de lo que no conocemos, pero aspiramos a que sea un auditor autónomo, la Auditoría necesita autonomía. Hay que ver cómo va a hacer su trabajo y claro que se da siempre la confianza y esperamos que esta confianza sea valorada y no traicionada”, dijo.
Una vez que el Poder Legislativo analice los plazos para poder declarar una ausencia definitiva de Romero Serrano, quien fue vinculado a proceso el 19 de febrero, se deberán iniciar el proceso para designar a un nuevo auditor.
Esto implica la emisión de una convocatoria, registros de aspirantes, entrevistas y valoraciones por parte de los diputados locales para poder llegar a una determinación.
En caso de que se tenga que designar a un nuevo auditor, Rodríguez Della Vecchia confió en que el proceso no inicie viciado como ocurrió cuando fue nombrado Francisco Romero, quien llegó a la ASE “con una votación ilegal, violando la Constitución y protegido por Morena”, indicó.
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Romero Serrano, suspendido de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, tramitó la víspera un juicio de amparo en contra de una de las medidas cautelares emitidas por un juez que es la suspensión de su cargo como auditor.
Aunque no se le impuso la privación de la libertad como medida, sí busca echar abajo las medidas cautelares impuestas el pasado 19 de febrero por violencia familiar en agravio de un menor de edad, hijo de su pareja sentimental.