Desde hace cuatro años y medio Guadalupe Palacios Carrasco no ha visto a su hija, el padre de la menor y expareja, José Alberto Zapata Sánchez, sustrajo a la pequeña de 9 años de edad en la ciudad de Puebla y no le ha permitido verla en todo este tiempo, ni tener algún tipo de comunicación.
Al caso se ha sumado una presunta omisión por parte de agentes de la Fiscalía Anticorrupción y otros obstáculos que le han impedido obtener justicia, así lo denunció la agraviada Guadalupe Palacios, quien demanda que se encauce su denuncia, pues su expareja y familiares de éste fueron denunciados desde junio del 2018, cuando su hija fue sustraída de su hogar.
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Entre los involucrados en el caso figura Lucio Sánchez del Razo, sacerdote a cargo de la iglesia de San Felipe Hueyotlipan. La niña vive bajo resguardo del párroco, quien es tío de José Alberto Zapata, quien presuntamente tendría influencias y por eso es que el caso ha sido ignorado.
En una conferencia de prensa, en la que la acompañaron integrantes de la organización 50 + 1, Palacios Carrasco explicó que el 4 de junio de 2018, Zapata Sánchez acompañado de dos familiares así como agentes de la policía ministerial, con lujo de violencia y sin orden judicial sustrajeron a la menor.
Tras estos hechos, Guadalupe Palacios denunció la sustracción de su hija – con José Alberto Zapata tuvo dos hijas y vivieron en concubinato por 9 años – ella tenía la custodia de ambas y la obtuvo ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado desde el 2016, cuando se separó de su expareja.
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Sin embargo, la denuncia no tuvo seguimiento y se dio una presunta colisión entre las autoridades judiciales y su expareja, pues éste y su familia habrían manipulado el caso a través de presuntas influencias.
Ante la falta de respuesta, acudió en 2020 a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar a los agentes ministeriales que sustrajeron a su hija pero, nuevamente, su denuncia fue ignorada.
Paralelamente, un juez en el estado ordenó la entrega inmediata de la menor de edad a Guadalupe, pero la orden fue ignorada en varias ocasiones y por terceros es que ella sabe del estado de salud y general de su hija.
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También, reveló que desde marzo de 2020 la pequeña no está inscrita en ninguna escuela por lo que se violan sus derechos fundamentales de acceso a la educación.
Por Alfredo Ramírez