Padres de familia del “Instituto Ángeles del Sur”, ubicado en la unidad habitacional Agua Santa en la ciudad de Puebla, denunciaron al director de dicho preescolar, José Octavio Pérez Zamora, por imponer cuotas excesivas y requerir material didáctico y de aseo personal, a pesar de que los alumnos no se están presentando a clases, debido a la pandemia provocada por el virus Covid-19.
Esta situación ha provocado preocupación, principalmente entre las madres de familia, ya que su economía se ha visto afectada por la suspensión de actividades laborales, según relataron a MTPNoticias, algunas de ellas bajo la gracia del anonimato por temor a represalias.
Incluso, señalaron que el director del instituto impuso cuotas de manera arbitraria, condicionando la entrega de documentos personales a los padres de familia que decidieron dar de baja a sus hijos para inscribirlos en otra institución educativa.
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Asimismo, indicaron que también incrementó hasta en un 30 por ciento las colegiaturas para el ciclo escolar 2020-2021, además de exigir la entrega de materiales de aseo personal para los alumnos, quienes deberán presentarse a clases a partir del día 24 de agosto, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública no ha autorizado el regreso a clases de manera presencial.
Las cuotas pasaron de 250 a 300 pesos semanales y en el preescolar estudian al menos 30 niños.
Carece de registro, dice la SEP
Ante tal situación algunos padres de familia acudieron este lunes a la Secretaría de Educación Pública del Estado para denunciar al director; sin embargo, vía telefónica, les fue informado que el “Instituto Ángeles del Sur” carece de registro ante dicha dependencia.
A pesar de ello, la institución educativa ha operado desde hace varios años en la calle 9 Sur “D” número 11501 -1 de la Unidad Habitacional Agua Santa, bajo la supuesta clave de registro número 21SDI04201, la cual incluso se anuncia en su fachada.
Temerosos ante la posibilidad de que sus hijos pierdan el ciclo escolar y no poder inscribirlos en otra institución educativa, los padres de familia exigieron a la Secretaría de Educación Pública que intervenga para evitar que se comenta un fraude y se siga afectando su economía.
Por Alfredo Ramírez
