Pemex: El monstruo que enfrenta un extrabajador acusado de huachicolero (VIDEO)

Se trata del primer caso en el país que es juzgado con base a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2016

Elvia Cruz/ Iván Tirzo

Primera de tres partes

Ernesto N., enfrenta a un monstruo. Después de diez años de trabajo como bombero tipo C en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Puebla, enfrenta un juicio como si se tratara de un capo huachicolero.

Fue detenido el 30 de noviembre del 2016, acusado de manipular aparatos al servicio de la empresa productiva del Estado. Su caso es el primero que se juzga en el país con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de ese mismo año.

Según el artículo 17 de esta ley, Ernesto puede alcanzar hasta 36 años de cárcel si se le comprueba que manipuló un medidor para, supuestamente beneficiar a un operador que ese día llegó a la planta ubicada en Parque Industrial Puebla 2000 a descargar Diesel.

La acusación y las inconsistencias en el caso

Todo parecía transcurrir con normalidad ese día de noviembre. Ernesto se encargaba de vigilar las cargas y descargas en las seis islas que existen en el lugar.

Por los años que llevaba, también se encargaba de la capacitación del personal con el fin de evitar que los productos (Diesel, Premium y Magna) se mezclaran al momento de llenar o descargar una pipa.

Todos los operadores sabían que estaban bajo vigilancia, pues aparte de que militares vigilan la zona de trabajo, hay cámaras de videovigilancia en cada esquina.

Alrededor de las 21:30 horas, personal de Seguridad Física de Pemex se concentró en el patín 3 y 4. Ernesto se encontraba en otra cuando le fueron a cuestionar quién había alterado la tapa de uno de los medidores.

En entrevista con MTP Noticias –desde prisión domiciliaria– el imputado aseguró que no se dio cuenta en qué momento ocurrió, pues un lapso de media hora descuidó el punto por supervisar las otras cinco islas.

Aunque, junto con otros dos trabajadores, fue acusado por parte de Agustín Miguel Vigil Zamora, Jefe de Operaciones y Víctor Hugo Huerta, ingeniero de línea como el responsable, ese día le autorizaron sus bitácoras de carga y descarga.

Es decir, los tres cortes del día coincidieron en el número de líquidos de hidrocarburo que se movió tanto en ingreso como egreso en esta planta. Además, cada que una unidad entra o sale de este espacio, es supervisado por personal de Pemex y militares con el fin de verificar que los números coincidan con el producto.

Eso, para evitar “robos” de algún tipo de gasolina.

Desaparecen los videos

Ernesto pasó un año en el penal de San Miguel. En diciembre de 2017, sus abogados lograron que se le modificara la medida cautelar a través de un amparo y desde entonces, quedó bajo vigilancia domiciliaria.

Sin embargo, su caso se ha aplazado debido a que Pemex ha obstaculizado a la defensa recabar pruebas en el proceso de indagación. Como trabajador de una década en la planta, Ernesto sabe que existen cámaras. No obstante, los videos no aparecen por ningún lado.

Tampoco han querido entregar las fotografías y la cámara con la que se tomaron imágenes del medidor que presuntamente fue violado. Menos las bitácoras de ese día.

De más de 27 pruebas que se han solicitado a Pemex, solo han permitido seis, entre ellas que los abogados de la defensa entrevisten a los excompañeros de Ernesto.

Jurídicamente se tenía que haber terminado el proceso el año pasado pero apenas se pasará a la audiencia intermedia que es la etapa en la que se discutirá qué pruebas deben y no pasar para el juicio oral. En noviembre de este año –a más tardar- debe haber una resolución entorno a este caso pues la constitución marca que no deben durar más de dos años los procesos.

“Nos estamos enfrentando a un monstruo que nos ha puesto todo tipo de trabas. Independientemente de eso, esta acusación se construyó en base de mentiras. Entre las personas que asesoran a la PGR está la representante legal de Pemex”, denunció Keren Reyes Castro, una de las representantes legales de Ernesto.

**“Me han tratado como un capo huachicolero”**

En la entrevista que Ernesto concedió a MTP Noticias en su domicilio, contó que en diciembre del año pasado, cuando sus abogados consiguieron que se reclasificara la medida cautelar, los representantes de su antigua empresa pidieron al Juez no permitir que saliera del penal al acusar que “seguramente” ya había tejido una red de crimen organizado, que ya tenía nexos con ladrones de gasolina

“Me trataron peor que un capo huachicolero (…) Es algo injusto después de diez años de estar trabajando. Yo he sido muy trabajador (…) realmente me siento muy mal porque se me ha tratado de esa manera”, indica.

Al ser cuestionado a qué atribuye que lo hayan acusado, Ernesto cree que esto tiene que ver porque hay jefes de área que son de confianza pero buscan una plaza para asegurar su trabajo, buscan “entregar cabezas”.

En el caso de Agustín Miguel Vigil Zamora quien ese entonces era Jefe de Operaciones, fue reintegrado a la planta de Minatitlán, luego de versiones periodísticas entorno a que tenía investigaciones en contra por filtrar información a ladrones de gasolina del triángulo rojo.

¿Qué pasó con los otros dos detenidos?

De los tres empleados que en un inicio personal de Pemex puso a disposición de la PGR (Ernesto, Alejandro y Enrique). Este último, obtuvo su libertad desde la audiencia inicial de vinculación porque la juez consideró que no había datos de prueba en su contra.

Los otros dos (Ernesto y Alejandro) quedaron vinculados a proceso. En agosto del año pasado, Alejandro bajo la irrupción de medida cautelar.

Otra de las anomalías en el caso es que a los tres los señalaron en un inicio por el mismo delito: alteración de medidores al servicio de Pemex, pero la PGR después decidió que eran halcones. Pasaron de ser coautores a auxiliadores

“Eso cambia porque al ser auxiliador ya no lo responsabilizan. Le cambiaron el tipo penal del delito”, explicó la abogada quien teme por su seguridad pues ha recibido amenazas por parte de Pemex.