Julieta Cerezo
A dos años de su implementación, el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio aun presenta rezagos y contrastes en Puebla, arrojó el informe Hallazgos 2017 en el Sistema de Justicia Penal (SJP) publicado por la agrupación civil México Evalúa.
El estudio indica que en Puebla se resuelven 4.7 por ciento de los casos judiciales (95.3 sin resolverse), la menor tasa de entre 26 estados del país, contrario a Chihuahua con 74.7 por ciento, Querétaro con 72.5 por ciento e Hidalgo 68.5 por ciento. Y de los casos resueltos, solo 0.2 por ciento se solucionaron en una audiencia de juicio oral.
Otros datos interesantes son que: cada defensor atiende 36 casos, lo que es una carga de trabajo “regular” en relación con otras entidades.
La entidad, con el menor éxito en la resolución de denuncias
Un dato desalentador para las denuncias es que Puebla es la tercera entidad con el menor porcentaje de resolución de los casos presentados ante el Ministerio Público, con 16.1 por ciento, le siguen Sonora y Colima con 5.8 y 0.2 por ciento.
Además, solo 3.3 por ciento de las investigaciones fueron judicializadas, es decir, que se pudo comprobar la existencia del hecho y se solicitó audiencia para formular la imputación y solicitar vinculación a procesos. La entidad es la décimo cuarta entidad con el mayor número de investigaciones judicializadas pero tan sólo de 21 estados analizados.
El estudio expone también que el 39.8 por ciento de los casos están “congestionados” es decir, que están pendientes en relación con la carga de trabajo. A esta dato se añade que Puebla tiene la menor tasa de jueces, 0.2 por cada 100 mil habitantes, contrario Zacatecas que tiene 2.6 por cada 100 mil habitantes y es la entidad con el mayor índice.
Aspectos positivos
En el estudio se especifica que Puebla ocupa el séptimo lugar de estados mejor evaluados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal con 370 puntos, esto detrás de Querétaro (483 puntos), Guanajuato (476), Baja California (448), Chihuahua (421), Nuevo León (413) y Yucatán (391). El puntaje máximo a considerar en esta ocasión fue de 600, aunque el estándar ideal es de 1 mil puntos.
El informe, correspondiente al año 2017 y presentado esta semana por México Evalúa, se conformó en esta edición con la información de entre 21 y 26 estados de todo el país, pues no todos presentaron la información requerida.
En Puebla, 3 de cada 10 detenciones son ilegales
El reporte Hallazgos 2017, refiere que, de 21 estados analizados, Puebla es la décima entidad con el mayor número de detenidos en relación al número de investigaciones iniciadas pero apenas se conceden el 52.4 por ciento de las órdenes de aprehensión solicitadas.
Sin embargo, el 32.5 por ciento de las detenciones realizadas fueron calificadas como “ilegales” por el juez de control, el informe abunda que durante todo el 2017, 3 de cada 10 detenciones recibieron esa determinación.
De igual forma, Puebla reporta el mayor porcentaje de causas penales iniciadas con detenido (92%) seguido por Ciudad de México (86.4%) y Colima (77.2%).
Defensorías de oficio dejan mal sabor de boca
Puebla y Tlaxcala son las entidades con los porcentajes más bajos en los que la población privada de la libertad declaró haber contado con la asesoría de un abogado, con 28.9 y 28.4 por ciento, respectivamente.
Y de los detenidos que reciben defensoría de oficio, solo el 23 por ciento (2 de cada 10) han declarados quedar satisfechos con el servicio, siendo el porcentaje más bajo a nivel nacional. Chihuahua y Tlaxcala tienen 25.9 y 27.9 por ciento, son las otras entidades con los índices más bajos en este aspecto.
Por otro lado, la confianza en las instituciones de justicia en la entidad no es la más alta pues el estudio refleja que la cultura de la denuncia en Puebla entre 2010 y 2016 solo creció 2.4 por ciento en dicho periodo.
El informe también informa que Puebla no cumplió con el requerimiento de información sobre la impunidad en el Índice del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Los pros de la impartición de justicia en Puebla
Hasta junio de 2018, refiere el estudio, se estima que la Fiscalía General del Estado es autónoma, lo que implica que opera sin la interferencia de alguna otra institución gubernamental.
Además, se expone que Puebla es una de las tres entidades que tiene instituciones encargadas para la atención a víctimas y en las que sus trabajadores cuentan con servicio profesional de carrera, los otros estados que garantizan esa preparación académica de sus empleados son Zacatecas y Jalisco.
También, se refiere que Puebla cuenta con un Centro Estatal de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, el cual que opera con 28 delegaciones en el estado.
