“Fiscalizamos siempre con respeto y firmeza”, tuiteó el 28 de marzo del 2020 el entonces auditor de Puebla, Francisco Romero Serrano. Lo hizo para hacer creer que eran mentiras las versiones que ya circulaban en ese entonces, entorno a que exigía moches a los presidentes municipales a cambio de una calificación positiva en la revisión de sus cuentas públicas.
Incluso aseguró que había iniciado una “investigación” contra un hombre llamado Roberto Díaz, quien supuestamente era el que pedía cobros del 30 por ciento, equivalente al monto de las cuentas a revisar, cuyo resultado, nunca dio a conocer.
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La @AsePuebla se deslinda de actividades ilícitas de coyotes o gestores. Razón por la cual, la @AsePuebla, a mi cargo, inició un proceso de investigación para llegar a las últimas consecuencias.
Fiscalizando siempre #ConRespetoYFirmeza@OlgaRomeroGC @Biestro @MBarbosaMX— Francisco Romero Serrano (@aud_francisco) March 28, 2020
Hoy sabemos que eso fue solo una fachada para ocultar lo que realmente ocurría en la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues efectivamente, Romero Serrano no conocía a una persona llamada Roberto Díaz, porque en realidad mandaba directamente a sus allegados de confianza como su secretario ejecutivo, Iván Bautista a esas “negociaciones” con los presidentes municipales y titulares de organismos.
Aunque lo “despidió” en agosto del 2020, Iván continúo de manera externa como enlace en cobrar esos moches, de acuerdo con las denuncias que hicieron varios alcaldes, como parte de la investigación que hoy mantiene preso a Romero Serrano en el penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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El 23 de octubre de ese mismo año, el 2020, el periódico Milenio Puebla dio detalles de estas operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aunque el entonces auditor recibió llamadas de atención por parte del gobernador Miguel Barbosa para regirse con honestidad en el cargo, no hizo caso.
El negocio continuó de manera directa e indirecta, pues no solo condicionaba a los ediles para blindar sus cuentas públicas e imponerles auditores externos previamente seleccionados por él, sino también solicitaba contratos para su pareja sentimental y en favor de sus colaboradores incondicionales, en gobiernos municipales como en el de Claudia Rivera en Puebla capital.
Incluso hay testimonios que apuntan que también buscó la “colaboración” de panistas como la entonces presidenta del PAN, Genoveva Huerta y hasta del exgobernador Antonio Gali Fayad para salir beneficiado.
En esta investigaciones, también destacan los nombres de la entonces secretaria ejecutiva de la ASE, Luz Aída Deloya; José Maccise Flores, secretario técnico, y Juan Carlos Moreno, quien fue auditor especial de cumplimiento financiero, y a la par trabajaba para el auditor en su despacho (Despacho Romero Serrano y Asociados).
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Los auditores externos que están en la mira y los moches
Son nueve despachos de auditores externos que fueron utilizados por Romero Serrano para hacer negocios con las cuentas públicas, las cuales estuvieron a cargo en el periodo que estuvo el auditor en esa posición de poder (noviembre de 2019 a febrero de 2022), a pesar de que fue elegido por un periodo de siete años.
Milenio detalló en su momento que, de 87 despachos autorizados en el Padrón de Auditores Externos de la ASE, solo nueve obtuvieron contratos por revisar 42 sujetos obligados, cuyos auditores pagaron 6.8 millones de pesos de manera anticipada a Romero Serrano, a pesar de que la contratación de auditores externos no está aceptado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de Víctor Hugo Aguilar Hernández, Bibiana González Pérez, José Maximino Muñoz Lara, Miguel Ángel Castillo, Rosalía Cerecedo; los socios José Manuel Etchegaray Morales y José Luis González Ortega; María Gema Hernández Reyes, Mario Magaña Muñoz y Juan Manuel Maldonado Calderón, quienes también forman parte de las indagaciones.
Fue el despacho HMG Asesoría Contable, Fiscal y Legal, de María Gema Hernández la que más moche pagó al auditor, al haberse encargado de “fiscalizar” las cuentas de las presidencias municipales de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Izúcar de Matamoros, Oriental, Tehuitzingo, Tepeaca y su Sistema Operador de Agua Potable, que sumaron al menos 7.8 millones de pesos.
Los moches que se cobraron a los presidentes municipales, a auditores externos, y el negocio que esto representó para los tres entes, forma parte de las investigaciones que hoy mantienen en la cárcel a Romero Serrano, por lo que se prevé que no será el único que caiga tras las rejas por este abuso de poder…así es que pongan sus barbas a remojar que cualquiera de los involucrados puede caer un día de estos, pues cada día más, surgen nuevos testimonios de cómo fue utilizada la ASE como si fuera una empresa personal.
