El gobernador Miguel Barbosa Huerta quitará el control sobre el arrastre, salvamento y depósito de vehículos a las mafias que durante años han operado el servicio de grúas en el estado, además de terminar con la corrupción en la entrega de concesiones del transporte público y someter al control del estado a las plataformas digitales como UBER, DiDi y Cabify.
A poco más de un mes de haberla anunciado, este jueves el Congreso del Estado dará entrada a la iniciativa del Ejecutivo que abroga la Ley de Movilidad y Transporte del Estado y propone una nueva Ley de Transporte del Estado.
Además del cambio de nombre y número de artículos -se reduce de 153 a 151-, el documento señala que en un plazo de 180 se emitirá el reglamento de la nueva Ley, y los municipios deberán emitir las disposiciones jurídicas que les correspondan en el mismo plazo.
Declaratoria de necesidad para entrega de concesiones
Por primera vez las concesiones no se entregarán de manera discrecional a las organizaciones de transportistas, pues la nueva Ley establece que se deberá emitir una ‘Declaratoria de Necesidad’, a través de la cual se justificará su otorgamiento, mediante estudios técnicos y un balance entre la oferta y la demanda del servicio, con lo que también se busca evitar los monopolios.
Exige la presentación de resultados de estudios técnicos, mismos que realizará la Secretaría de Movilidad y Transporte, zonas territoriales y descripción de vehículos que prestarán el servicio, así como rutas e itinerarios y las afectaciones que tendrá sobre vialidades y otros servicios de transporte.
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Además de determinar si existe la necesidad para brindar más concesiones, la Secretaría controlará el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos “para reducir la opacidad y discrecionalidad en la operación de dichos servicios”, señala la iniciativa.
Tabulador de precios, para terminar con abusos en grúas
Para terminar con la imposición de tarifas de las organizaciones que controlan las grúas, el gobernador propone un tabulador de precios máximos a público y una plataforma para gestionar el servicio y se controlará el depósito de vehículos infraccionados.
Se hace obligatoria la revista vehicular y refrendo anual, con el objetivo, según señala el documento, de reducir la corrupción y el incumplimiento de la ley por parte de los concesionarios, así como para permitir el control del gobierno estatal en la implementación progresiva de los elementos de seguridad en los vehículos.
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Plataformas como UBER, Didi y Cabify, bajo control del estado
Plataformas que prestan servicio ejecutivo a través de aplicaciones serán reguladas por la Ley para garantizar mayor seguridad y calidad hacia los usuarios y mejorar el control sobre su operación.
Los taxis ejecutivos deberán inscribirse en el Registro Estatal Vehicular y el Registro de Transporte.
Se crea también el Centro de Capacitación e Inspección del Transporte del Estado de Puebla, mediante el cual se pretender modernizar, profesionalizar y sanear las actividades de inspección y vigilancia.
Por Cirilo Calderón / @calderonciro
