El político poblano Juan Carlos Lastiri Quirós acumuló cargos por su complicidad en el desvío de mil 605 millones de pesos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto a través de la Sedatu y la Sedesol, implicado directamente en La Estafa Maestra y en la compra de votos en los años 2016 y 2017, investigaciones que corren a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
A eso se suman las investigaciones que abrió en 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el sismo del 19 de septiembre de 2017, debido a su participación con un grupo de ex servidores públicos federales y estatales quienes lucraron con los damnificados.
Juan Carlos Lastiri fue en el último gobierno priista uno de los ‘brazos derechos’ de Rosario Robles, quien lleva más de un año presa y quien este lunes decidió ser ‘testigo’ de la FGR para declarar en contra de un grupo de servidores públicos implicados en el desvío millonario.
Pese a ser uno de los políticos poblanos con mejor posición en el gobierno de Peña Nieto, hasta hoy sigue en libertad. Tras su salida del gobierno federal, donde supuestamente ganaba casi 150 mil pesos mensuales, enfrentó una serie de momentos polémicos.
Como el levantón que sufrió en octubre de 2019 y el robo millonario en su residencia en el lujoso fraccionamiento La Vista Country, además de poner en operación varios negocios como es el hotel en Zacatlán, Puebla, su municipio de origen.
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Lo acusan de comprar votos
Los cargos más recientes son los que presentó en su contra Emilio Zebadúa González, quien fue oficial mayor en la Sedatu y en la Sedesol con Rosario Robles Berlanga entre los años 2012 y 2018.
El exfuncionario inculpó a Lastiri de estar implicado en el desvío de mil 267 millones de pesos para la compra de votos, campañas de promoción y operación electoral en los años 2016 y 2017, una parte en la elección a gobernador en el estado de México.
En la comparecencia de Zebadúa, declaró como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018, que en el desvío millonario para estos fines están involucrados el ex subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio; el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quiroz; el ex director general del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernández Lara; y el ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, José Antonio Orozco Martínez.
Parte de ese dinero también fue para promocionar la imagen del ex presidente Enrique Peña Nieto y de Rosario Robles y Miguel Ángel Osorio Chong, de cara a los comicios presidenciales del año 2018.
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Firmó convenio para desviar 338 millones
En octubre 2018, Animal Político documentó que el poblano en su calidad de subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol firmó uno de los convenios bajo sospecha por 338 millones de pesos, mismo que fue investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una primera denuncia penal en octubre de 2015.
Este tipo de convenios se firmaron desde la Sedatu y la Sedesol con universidades públicas en México, a fin de desviar recursos. El modus operandi fue planear recursos para instituciones públicas, a través de cursos y capacitaciones que nunca se realizaron.
Implicado en el lucro de damnificados del #19S
En septiembre de 2019, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), dio a conocer desde Atlixco, que se abrieron tres auditorías por el lucro con damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Las auditorías que se abrieron fueron por el manejo ilegal del padrón, la distribución de las tarjetas y las inconsistencias.
En esos padrones se identificó que 2 mil 800 tarjetas Bansefi fueron reportadas como entregadas por parte de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional que encabezaba el priista.
Solo que los plásticos nunca llegaron a sus destinatarios, cada tarjeta contenía un apoyo económico de 120 mil pesos dinero que debió aplicarse a la compra de material de la construcción, y hasta ahora no se sabe quién se quedó con esos recursos.
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El levantón y el robo que sufrió
En octubre sufrió un levantón, después de tres días fue liberado y trasladado por sus captores hasta su residencia en el fraccionamiento La Vista, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
Nunca informó qué banda lo privó de su libertad, ni especificó si pagó rescate. Esto ocurrió meses después de que se diera a conocer que fue víctima de un asalto en su casa.
Esto luego de que un comando armado ingresó a su residencia ubicada en calle Diamante número 24 en La Vista, donde supuestamente lo amarraron y robaron más de 50 millones de pesos en efectivo, hecho delictivo que no quiso denunciar, pese a recibir el apoyo del ex gobernador Antonio Gali.
Crédito documentos: Ariestegui Noticias
