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Fulle Hen mintió al Ayuntamiento de Puebla, el contrato no fue por ventiladores usados (DOCUMENTOS)

 

La empresa Fulle Hen SA de CV aceptó la rescisión del contrato de 12 ventiladores al ayuntamiento de Puebla, cuatro días después de provocar un conflicto político entre las administraciones del gobernador Miguel Barbosa y de la presidenta Claudia Rivera, y enseguida buscó una excusa para deslindarse del escándalo.

 

La compañía recurrió a una mentira para librarse del bochornoso lunes 18 de mayo en el hospital de Traumatología y Ortopedia, cuando quedó al descubierto su intento de comercializar equipos usados, con humedad y en mal estado. Este domingo afirmó en un comunicado de prensa que el ayuntamiento de Puebla sabía que los respiradores no eran nuevos.

 

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Fulle Hen -una empresa legalmente constituida en el país- sostiene que desde un principio, aclaró a las autoridades del municipio de Puebla que los equipos eran reacondicionados, ya que el tiempo de entrega de un equipo nuevo marca Medtronic, va de 3 a 5 meses, y por la urgencia en la entidad, se necesitaban de inmediato”, esta es su afirmación.

 

En el contrato de adquisición FORM.3700/SECAD1821/0320, consultado por MTPNoticias, jamás se acordó que los ventiladores serían usados y ensamblados o reacondicionados. El ayuntamiento exigió equipos nuevos en su “empaque original”, así se lee en la cláusula novena incisos I y VI:

 

 

“Entregar los bienes en su empaque original y debidamente sellados, de tal manera que se conserven en perfecto estado hasta su recepción en las instalaciones indicadas”.

 

 

El motivo por el que fue rescindido el contrato

 

Fulle Hen afirmó también este domingo que sus equipos funcionan y acusó a las autoridades municipales de no brindar la posibilidad de demostrar su operación óptima, además de que no se presentó ningún soporte técnico y científico de especialistas cualificados.

 

Esto no era necesario, porque los equipos cuando fueron bajados de los camiones, a simple vista se observaba que tenían fallas. El 19 de mayo, el ayuntamiento de Puebla entregó la ‘notificación de incumplimiento de contrato’ a la empresa, para hacerle saber esa situación:

 

Anexo 1, no se encontraban en su empaque original y debidamente sellados, presentaban desgaste en los equipos, falta de componentes, golpes, suciedad, entre otras, por lo que no se cumplían con las condiciones de calidad y términos establecidos”, dejó en claro el gobierno municipal.

 

 

El 20 de mayo, Francisco Buenaventura, el gerente general de la compañía, notificó al gobierno de Claudia Rivera Vivanco a través de Ilse Sánchez Domínguez, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, que a través de los abogados se buscarán los mejores términos para cancelar el proceso de adjudicación.

 

“d) Después de lo detallado anteriormente, comprendemos que las expectativas de usted como ‘Contratante’ y las nuestras como ‘Proveedor’, no son compatibles, por lo que aceptamos acordar la Rescisión del Contrato, para ello, solicitaremos a nuestros representantes jurídicos que busquen la salida legal a este infortunio”.

 

 

No hubo compra, ni pago

 

En el contrato de adjudicación se acordó que la compraventa sería por un total de 15 millones 892 mil 464 pesos, por los 12 equipos que Fulle Hen importó de Estados Unidos. El ayuntamiento no entregó dinero a la empresa, porque en el documento se especificó que la cantidad quedaría cubierta después de la entrega de los respiradores.

 

 

“El pago se realizará en una sola exhibición 10 días hábiles posteriores a la presentación de la factura debidamente sellada y firmada por la Dirección de Recursos Materiales y servicios Generales, una vez entregados los bienes, a entera satisfacción de ‘El Contratante’”, se lee en la cláusula seis del contrato.

 

La empresa existe

 

Fulle Hen está legalmente constituida en la Ciudad de México y tiene como principales clientes en el país al: IMSS, Secretaría de Salud federal, Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Gobierno del Estado de México, Gobierno del Estado de Querétaro, Gobierno de Baja California Sur y Gobierno de Nuevo León.

 

Los estados financieros de la compañía, expedido por el SAT confirman su actividad en México y el pago puntual de sus impuestos.

 

 

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