Alfredo Ramírez
En cinco años, la empresa Agua de Puebla para Todos –antes Concesiones Integrales– únicamente ha invertido mil 400 millones de pesos en infraestructura, cantidad que representa el 36.45 por ciento de los 3 mil 844 millones de pesos comprometidos en el contrato.
En medio de la coyuntura de la advertencia de los legisladores de Morena y del nuevo gobierno que encabezará Miguel Barbosa en revocar la concesión a la firma, el director de la misma, Héctor Durán Díaz, advirtió en una entrevista con El Sol de Puebla, que reclamarán dicha inversión si los dejan fuera de la administración del servicio.
“Sí, hay una inversión de mil 400 millones y si hay ahí una inversión, hay una cláusula en la que el gobierno te tiene que reembolsar el valor de la vida útil de esos activos”, explicó.
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Según marca el título de concesión que fue entregado a medios de comunicación el diputado local del PT, José Juan Espinosa Torres, en caso de una revocación de la concesión, el gobierno estatal tendría que pagar una compensación por el tiempo que reste del plazo otorgado. Es decir, si se retirara en este 2019, restarían 24 años, pues la concesión se termina en 2043.
En total son 20 causales para que proceda la revocación, como el incumplimiento del pago a Soapap, no seguir las normas del título de concesión que el gobierno de Puebla le imponga, multas elevadas por un mal servicio. En total son 20 puntos para la revocación.
Falta de ingreso obligó ampliar plazo de inversión a 10 años, justifica
Durán Díaz justificó que la falta de pagos por parte de los usuarios fue lo que obligó el gobierno morenovallista pasar de 5 a 10 años el plazo de inversión de los 3 mil 844 millones de pesos.
Sin embargo, se han cumplido cinco años y no lleva ni el 50 por ciento.
“Existen modelos financieros que establecen ganancias multimillonarias para la compañía y te puedo decir que de entrada ese modelo del título es totalmente lejano a la realidad porque hoy ya después de estos 60 meses tenemos muy bien estudiados los montos que cuesta realmente la operación de este sistema”, dijo al medio.
En el convenio firmado entre la empresa y el gobierno del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle se establecieron diez años para cumplir con dicha obligación, aunque públicamente se había dicho que sería en cinco años.
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Soapap no solo perdonó esos cinco años a la empresa sino también asumió las multas que pudieran caer sobre la concesionaria por el deficiente saneamiento de aguas residuales.
