Amargas fiestas decembrinas enfrentan en la delegación del IMSS en Puebla, por una auditoría que ordenó la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde la oficina de Zoé Robledo.
Esto luego de que en la columna Golpe Bajo y en el portal MTPNoticias se diera a conocer el robo de 1.3 millones de pesos en medicamentos en la clínica de San Bartolo y las compras millonarias a través de 41 licitaciones públicas amañadas que firmó el delegado Jesús González Izquierdo.
La Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, cuyo titular es David Razú, envió personal a Puebla para iniciar una auditoría el pasado 23 de diciembre.
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En el tercer piso de la delegación en San José está el personal revisando la documentación para confirmar las sospechas de la malversación de recursos.
Empleados afirmaron que esta auditoría durará seis días hábiles.
Además de la auditoría, desde la Dirección General del IMSS se ordenó la separación de su cargo a Oscar Selvas Carrola, quien se desempeñaba como jefe de Servicios Administrativos.
Selvas es investigado por violar la Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del Sector Público, porque en conjunto con González Izquierdo hicieron compras con recursos federales sin licitaciones públicas de por medio este 2019.
Las ventas las concretaron por adjudicación directa, invitación a tres y compras fraccionadas, según se puede consultar en el sitio de compras gubernamentales Compranet, al cual tuvo acceso MTPNoticias.
En la delegación estaban indagando también la corrupción en el terreno que el alcalde de Amozoc Mario de la Rosa donó a la delegación del IMSS, porque este carece de escrituras, lo cual impide la construcción de un hospital en este municipio.
González Izquierdo la está pasando difícil, porque entre otros escándalos enfrenta el auto préstamo de medio millón de pesos que se hizo de la caja de ahorro a través de Gabriela Pérez Árcega.
Y el más reciente fue el incendio provocado en la clínica de San Bartolo donde fueron quemadas recetas con las que se documentaba el robo de 1.3 millones en medicamentos.