Un pasado con acusaciones de protección a ‘El Bombón’, al grupo criminal ‘Los Rojos’ y al Cártel del Sur de Guerrero enfrenta Pedro Almazán Cervantes, quien el 31 de agosto de 2018 renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública en ese estado y quien la semana pasada fue ratificado como coordinador de la Guardia Nacional en Puebla.
El 20 de noviembre de 2018, en el periodo de transición, movimientos guerrerenses colocaron mantas en la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar al gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, y a su red de funcionarios implicados en la protección de narcotraficantes, uno de ellos Pedro Almazán.
La petición no surtió efecto, porque el general en activo fue enviado a Puebla en este 2019, primero como comandante de la Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional (GN) y el 29 de octubre se le ratificó como coordinador estatal, esto durante una ceremonia en la Ciudad de México, donde se hicieron oficiales los nombramientos de los coordinadores de la Guardia Nacional en todo el país.
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Llegó a Guerrero después de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
El general brigadier, diplomado del Estado Mayor, rindió protesta como secretario de Seguridad en Guerrero el 8 de noviembre de 2014, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La tarea del nuevo secretario era poner orden en este estado del sur de México, tras la ola de violencia cometida por grupos criminales, pero nada cambió en esta entidad, pues durante los 3 años y 9 meses al frente de la Secretaría continuaron las ejecuciones y los ataques armados aumentaron.
Su función llegó a su fin el 31 de agosto de 2018 cuando renunció al cargo, tras una serie de señalamientos de presuntos actos de corrupción y nexos con el narco.
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Las mantas y acusaciones en su contra
En abril de 2017, en Chilpancingo Guerrero fue colocada una narcomanta en contra de Pedro Almazán, a quien le exigían que, por dignidad y vergüenza, renunciara al cargo.
“Cómo es posible que arbitrariamente brindes protección a narcotraficantes y narcopolíticos poniéndoles escoltas de la policía estatal al padre y el hermano del Bombón, principal operador del comando suicida que junto con Ángel Villalobos Arellano, ordena secuestros, extorsiones, cobro de piso y las ejecuciones en la capital del estado”.
“Onésimo ha secuestrado a empresarios y figuras públicas de Chilpancingo y la mayoría de sus víctimas murieron. El texto finalizaba con la rubrica, atentamente sociedad guerrerense harta de funcionarios corruptos”.
Medios nacionales publicaron, de forma frecuente, textos en los que hicieron mención de los presuntos nexos con los grupos del narco, en especial a ‘Los Rojos’, que operan en la entidad, principalmente en las regiones de Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.
El 20 de noviembre de 2018 fueron colocadas más mantas, esta vez contra toda la red de servidores públicos incriminados en la protección de narcos en Guerrero, en específico la protección al cártel del Sur.
“La ciudadanía guerrerense le exige que investigue a los corruptos que gobiernan el Estado de Guerrero comenzando con el pseudo-gobernador y sus colaboradores políticos y brazo armado”, según el mensaje.
En la lista de implicados mencionaron el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, el empresario Pioquinto Damián Huato, el diputado local del PRI, Olaguer Hernández Flores, y al exsecretario Pedro Almazán.
Por Alfredo Ramírez